La política de defensa argentina
Feb-28-08 - por Rosendo Fraga
Durante febrero de 2008, la política de defensa argentina ha tenido como eje la cuestión de los derechos humanos, a partir de diversas causas judiciales.
Las Madres de Plaza de Mayo se han hecho cargo de las instalaciones de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), mientras que el fiscal de esta causa pide citar a la cúpula de la Armada por ocultar datos y los marinos detenidos por ella en el Penal de Marcos Paz denuncian persecución y limitaciones en su defensa, al no permitírseles el uso de computadoras personales.
Por la causa Febres (el prefecto muerto -por causas naturales o suicidio- detenido por la causa ESMA) el juez de la causa citó a declarar al ex jefe de la Prefectura recientemente relevado y citaría también al Jefe de la Armada, acusándolos de haber permitido condiciones de detención de extrema libertad.
Pero para la Armada, la causa que ha tenido mayor repercusión pública ha sido la de la masacre de Trelew, ocurrida en 1972. Como en la mayoría de las causas por violaciones a los derechos humanos, el gobierno juega un rol importante como acusador a través de la Secretaría de Derechos Humanos.
La revisión del pasado parece no tener límite temporal y se ha presentado ante la justicia un pedido de investigación por los bombardeos que tuvieron lugar sobre la Plaza de Mayo en la sublevación contra Perón, que protagonizó la Armada en 1955.
Como la revisión del pasado tiene una sola perspectiva, no se investigan las torturas del régimen peronista de este entonces aunque eran realizadas desde el Estado, argumento central para sostener la imprescriptibilidad de estos delitos.
Febres, ESMA, masacre de Trelew y bombardeos de 1955, afectan a la Armada y esto ha generado la posibilidad de relevo de su jefe, el almirante Godoy. La ministra de Defensa sería partidaria de relevarlo, pero el ministro De Vido lo seguiría sosteniendo.
En el marco de estas causas judiciales se ha citado a jefes de la Armada por la existencia de un Departamento de Contención, a través del cual la Fuerza buscaría dar asistencia al personal acusado y detenido por las causas de violaciones por los derechos humanos.
En el caso del Ejército las causas también prosiguen, aunque por ahora con menor repercusión mediática. La más avanzada procesalmente es la que se juzga en Corrientes, por la cual fue detenido el Teniente General (R) Cristino Nicolaides, el último Comandante en Jefe del Ejército del proceso militar. En esta causa están detenidos 6 militares, 2 de los cuales eran Coroneles en actividad al momento de ser privados de su libertad (Barreiro y Losito).
En una evidencia de la presión política sobre la justicia en estas causas, al ser visto en Pinamar el General de División (R) Albano Harguindeguy que estaba en libertad, la justicia pidió su detención, la que se hizo efectiva en forma domiciliaria por su edad.
Un teniente coronel retirado (Navone) apareció muerto y se habría suicidado poco tiempo antes de declarar en una causa por apropiación ilegal de bebés. Organizaciones de Derechos Humanos, reclaman que se investigue si no fue asesinado.
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