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Antes del año de 1932 hubieron varios incidentes que merecen la pena ser repasados ya que explican los sucesos de 1932.
Aquí les dejo un especial del suplemento de la revista Credencial (Credencial Historia - siglo XX colombiano) titulado "Las guerras con el Perú"
Desde 1829 comenzaron los conflictos entre Colombia y Perú
Un siglo antes de que estallara la guerra, comenzaron los enfrentamientos, provocados por los intereses de algunas familias de la oligarquía peruana.
Estas familias extraían sus fortunas de suelo colombiano y en su provecho particular intentaban anexar al Perú las tierras fronterizas con Colombia.
Durante el siglo XIX las relaciones colombo peruanos marcharon fraternales y tranquilas, y al socaire de esa fraternal tranquilidad en las dos últimas décadas, debido a la constante demanda mundial del caucho como materia prima, la casa comercial Arana del Perú fue tomando posiciones en el Putumayo y comenzó la explotación de las zonas caucheras en territorio amazónico colombiano.
El Conflicto Amazónico
Hacia agosto de 1902, próximo el final de la Guerra de los Mil Días, un artículo en El Nuevo Tiempo denunció cómo se habían efectuado el año anterior inmensas exportaciones de caucho, explotado en las plantaciones colombianas del Putumayo y del Caquetá por la Casa Arana, del Perú, sin permiso de nuestro Gobierno y sin que a la nación colombiana se le diera ningún beneficio. Por primera vez se planteó en público el asunto de nuestros derechos en la Hoya del Amazonas y del Putumayo. Al año siguiente las denuncias fueron más concretas y alarmantes.
Se demostró que los peruanos dominaban por completo las plantaciones de caucho en el Caquetá y que era un hecho la usurpación de territorio colombiano por parte del Perú. En julio, con datos suministrados por los generales Rafael Reyes y Rafael Uribe Uribe, se denunció por parte de Enrique Olaya Herrera, en su periódico El Comercio, que el Perú había establecido una dominación militar sobre nuestros ríos Napo y Putumayo, con amenaza a la soberanía colombiana en el río Javari. Antes de que el país digiriera estas informaciones que lo habían tomado por sorpresa, se supo, por despachos enviados a El Relator, que los colombianos en Loreto eran cazados como fieras, y que en el Caquetá los indígenas vivían en calidad de esclavos de la Casa Arana, todo a ciencia y paciencia del Gobierno colombiano (presidido por José Manuel Marroquín) que no se preocupaba por dar protección a nuestros compatriotas. En cambio la Casa Arana contaba con firme apoyo militar y económico de su Gobierno. Justiniano Espinosa, provisto de testimonios y documentos irrefutables, denunció sin ambages que Colombia había sido invadida por el Perú; el ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Luis Carlos Rico, fue citado por el Senado para que explicara la situación, pero sus explicaciones resultaron poco convincentes y no tranquilizaron a nadie.
Para 1904 ya se hablaba de “conflicto amazónico”. El Gobierno de Marroquín en sus últimos meses se esforzó por superar las tensiones y consiguió que Clímaco Calderón, sucesor de Rico en el ministerio de Relaciones, concertara con el gobierno peruano un tratado de amistad y límites, firmado el 16 de septiembre por los cancilleres de ambos países y por el ministro colombiano en Lima, que se denominó tratado Calderón-Velarde-Tanco, y ratificado en septiembre de 1905. Por este tratado Colombia y Perú se comprometían a retirar todos sus efectivos militares de la frontera y a establecer un modus vivendi aceptable para las dos naciones y que en la práctica se traducía en un reconocimiento por Perú de la soberanía colombiana en las zonas en disputa, siempre que la explotación de caucho siguiera, como hasta entonces, a cargo de la Casa Arana. Hubo júbilo en el país por el restablecimiento de las relaciones fraternales con el Perú y por el anunciado retiro de las fuerzas peruanas de la orilla colombiana sobre el Putumayo. Más adelante se demostró que tanto las relaciones fraternales como el retiro de las tropas no eran sino una estratagema peruana para apaciguar los ánimos colombianos. El conflicto amazónico estaba lejos de haberse resuelto.
Los apaleados héroes de La Pedrera
Despertaron los colombianos el 27 de enero de 1911 con la noticia de que un fuerte contingente de tropas peruanas, muy bien armadas y entrenadas, había ocupado el Caquetá, en una operación propiciada y dirigida por los ejecutivos de la Casa Arana.
El país ardió en patriotismo. Se organizó la Junta de Defensa Nacional, la Junta Patriótica de Clubes y clubes de tiro al blanco, en todas las capitales, donde podrían entrenar los futuros héroes que marcharían al Caquetá a lavar con sangre peruana la ofensa inferida a Colombia.
El Gobierno de Carlos E. Restrepo y su ministro de Relaciones, Enrique Olaya Herrera, despacharon con rapidez una expedición al Caquetá, comandada por los invictos generales Gabriel Valencia e Isaías J. Gamboa, de la que en marzo se tuvo noticias de hallarse en serias dificultades de todo orden y expuesta a ser liquidada por los soldados peruanos dueños de una superioridad abrumadora en organización y en número, no en valor, pues en valor nadie podía superarnos, pregonaba en las calle de Bogotá, con cierto tufillo irónico, el doctor Eduardo Arias en unos panfletos que él mismo redactaba, imprimía y repartía, como hizo en los días de Panamá, episodio doloroso y todavía muy sensible en la epidermis colombiana. ¿Sería Caquetá otro Panamá?
Podría sospecharse que la enconada oposición adelantada por el Partido Liberal contra el gobierno republicano de Carlos E. Restrepo, llevó al director de ese partido, Rafael Uribe Uribe, y a sus más importantes seguidores, a denunciar la forma cómo se había improvisado la expedición al caquetá, y a pronosticar un desastre inminente. Uribe Uribe fue calificado por Olaya Herrera, y por la prensa republicana, de enemigo de la Patria y de colocar sus intereses políticos por encima de los sagrados intereses nacionales; pero lo cierto es que la expedición al Caquetá fue un desastre.
El 7 de julio la tropa expedicionaria colombiana se encontró de frente con los invasores peruanos. El 10 trabaron combate en La Pedrera 50 valientes colombianos, al mando de los generales Valencia y Gamboa, contra 480 peruanos desalmados que dirigía el teniente coronel Oscar Benavides. Los colombianos recibieron una paliza sin atenuantes, no obstante el coraje con que pelearon. El general Isaías Gamboa logró ponerse a salvo con parte de sus hombres y el general Valencia fue capturado por los peruanos, que unos días después lo dejaron en libertad, sano y salvo.
La derrota de La Pedrera, al tiempo que avivó los ánimos guerreros del país, puso a tambalear al canciller Olaya Herrera sobre quien cayeron las culpas del desastre. Olaya Herrera tenía bien sabido que por el lado militar carecíamos de preparación para enfrentar a una nación como Perú con poderosa tradición militarista y con un ejercito probado en varios conflictos internacionales. Colombia no era una potencia militar, ni cosa que lo pareciera, y el gobernante partido republicano lo integraban intelectuales que sentían horror ante las armas y execraban el uso de la fuerza para dirimir las diferencias internas o externas. Los liberales decían la verdad al acusar a Olaya Herrera de improvisar la expedición al Caquetá y todo hace creer que Olaya lo hizo a propósito. Decidió jugarse a fondo para evitar que el país se enfrascara en una guerra ruinosa que iba a costar miles de vidas. Mientras que los héroes de La Pedrera eran zurrados por los peruanos, Olaya trabajó para zanjar el conflicto por la vía diplomática.
Hasta la próxima
El 15 de julio –cinco días después de la derrota y antes de que la noticia se conociera en Bogotá—Colombia y Perú acordaron suspender hostilidades. La mala nueva de la derrota en La Pedrera sacudió al país y las gargantas de los ciudadanos clamaban venganza. El general Gamboa fue aclamado como un héroe, Olaya Herrera vilipendiado y acusado por Uribe Uribe en el Senado, donde el canciller y el jefe del liberalismo sostuvieron una de las polémicas más famosas de nuestra historia. Dijo el doctor Arias –a quien apodaban el loco—que sólo por escuchar a aquellos dos magnos oradores bien valía la pena una guerra con el Perú. Así es que al compás con las vociferantes manifestaciones que pedían marchar hasta Lima –como si fuera un paseo veraniego—y los relatos espeluznantes sobre las crueldades cometidas por la Casa Arana contra los indígenas del Caquetá y del Putumayo, Olaya Herrera logró un acuerdo de modus vivendi con el Perú, cuyo primer efecto fue la orden de la cancillería peruana de poner en libertad inmediata a los soldados colombianos capturados en La Pedrera y prestar atención a los enfermos.
Los ánimos, demasiado exaltados, no prestaron atención a ese detalle y continuaron pidiendo guerra. Olaya Herrera, que contaba con la plena confianza del presidente Carlos E. Restrepo, manejó el asunto con mano de hierro y desoyó las voces de sirena que incitaban al Gobierno colombiano a embarcarse en una carrera armamentista peligrosa e inútil. Para ablandar al Perú le salió a Colombia un aliado con el que no contaba.
Una epidemia de beriberi se desató entre las tropas peruanos, que tuvieron cerca de treinta víctimas diarias. Lo que no pudieron los menguados soldados colombianos, lo consiguieron entre el beriberi y la fiebre amarilla, a tal grado que la hecatombe de las tropas peruanas provocó una crisis política en el Perú. Ese revés gratuito del enemigo le facilitó a Olaya las cosas, si bien tuvo momentos ásperos, por ejemplo cuando grupos de manifestantes que recorrían las calles en manifestación contra el Perú, el 4 de octubre, apedrearon la casa de la Legación peruana y pisotearon la bandera del hermano país. El Gobierno del Perú reaccionó con prudencia e informó que se habían dispuesto medidas de protección que garantizaran la seguridad de la Legación colombiana en Lima. Laureano Gómez acusó a la prensa republicana –El Tiempo y Gaceta Republicana—de favorecer los intereses del Perú con sus editoriales pacifistas, y la oposición dijo que el canciller Olaya Herrera manejaba el conflicto de una manera “extraña”. Sin duda. Y más extraños parecen los resultados que alcanzó la gestión diplomática de nuestro canciller. El 16 de octubre las tropas peruanas desocuparon La Pedrera y regresaron a territorio del Perú, la casa Arana cayó en desgracia, Colombia reasumió su soberanía en el Caquetá y el 6 de noviembre se declaró terminado el incidente y se normalizaron las relaciones entre Colombia y Perú. No hubo, pues, miles de muertos, miles de hogares destruidos, ni miles de madres que lloraran a sus esposos o a sus hijos, ni miles de niños en orfandad repentina, ni ciudades, invadidas, ni desolación, ni sufrimiento. Extraño, muy extraño; pero si así se manejaran los conflictos la historia de la humanidad no sería la historia del hombre contra el hombre. Consolidada la paz, Olaya herrera renunció a la cancillería y fue nombrado ministro plenipotenciario de Colombia en Chile.
La Casa Arana
Una comisión inglesa, presidida por Sir Roger Casement, elaboró un informe en el que detalló una por una las atrocidades cometidas por la Casa Arana contra las indígenas de la región amazónica. Asesinatos, torturas, despojos, persecuciones, desplazamientos y trabajos forzados. No hubo iniquidad que los caucheros peruanos no perpetraran en su propósito de obtener mano de obra, no ya barata, sino gratuita, para exprimirle el caucho a los árboles del Amazonas. A raíz del informe Casement la Casa Arana se declaró en quiebra y el prefecto de Iquitos dicto orden de prisión contra todos los jefes de esa empresa, a los que acusó de autoría y complicidad en los crímenes y asesinatos denunciados en el Libro Azul de Sir Roger Casement. El tribunal de Iquitos expidió otra orden de prisión contra todos los empleados de la Casa Arana, cuyo jefe evadió el cerco endeble de las autoridades y huyó a Europa.
Segunda Parte: Diecinueve años después
Quizá no pensó nunca Enrique Olaya Herrera que la crisis bélica que hubo de sortear en 1911 colmo Ministro de Relaciones Exteriores, tendría que repetirla diecinueve años después como Presidente de la República. Su Gobierno había dado un manejo magistral a la gran crisis económica mundial que se desató en octubre de 1929. Gracias a las medidas atinadas de Olaya Herrera y de su ministro de hacienda, Esteban Jaramillo, --tuvieron el acierto de darle al enfermo de depresión la medicina que necesitaba para reactivarse-- los colombianos padecieron los efectos del invierno económico con mucho menor dureza que en los demás países.
Por esta razón se acostaron sin mayores angustias la noche del 2 de septiembre de 1932, y despertaron el tres con una preocupación insospechada. “Trescientos comunistas peruanos” se habían apoderado de Leticia, según titular del matutino El Tiempo.
El vespertino El Espectador fue más prudente e informó que nada se sabía sobre los autores de la invasión a Leticia. Y nadie podía explicarse cómo se reunieron trescientos comunistas peruanos para cometer semejante locura, si se sabía de sobra que en Perú no alcanzaban a contarse ni cincuenta comunistas; ni nadie se atrevía a suponer que el gobierno del general Sánchez Cerro estuviera detrás de la inicua aventura, en abierta violación de un tratado internacional suscrito en la década anterior por Colombia y Perú, y conocido como tratado Salomón- Lozano.
Lo impensable resultó ser lo real. Un agudo editorial de la revista Cromos empezó a sembrar las dudas respecto a que la toma de Leticia hubiese tenido inspiración o autoría comunista. ¿Por qué el Gobierno peruano no la condenaba, ni tomaba medidas contra los supuestos comunistas? En poco menos de quince días se conoció la verdad. Los trescientos invasores de Leticia no era alocados comunistas sino miembros del ejército peruano y la operación se había efectuado de acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno de Sánchez Cerro.
Frente a las evidencias no le quedó al presidente Olaya otra alternativa que declarar el estado de guerra con el Perú y adoptar las disposiciones militares para recuperar el territorio usurpado. Como en 1911, el país olvido sus diferencias políticas y dio muestras de solidaridad impresionante y de apoyo al Gobierno. El jefe de la oposición conservadora, Laureano Gómez, declaró “paz en el interior y guerra en la frontera”. El doctor Gómez, con su elocuencia tribunicia, defendió en el Senado el empréstito de emergencia para sortear los gastos de guerra. Miles de damas en Bogotá, y en las distintas ciudades del país, hicieron cola en las oficinas públicas para donar sus joyas y bienes al Gobierno colombiano, con el fin de contribuir al sostenimiento de nuestros soldados.
Con el empréstito de emergencia y los aportes extras de los ciudadanos, el Gobierno compró aviones, barcos, armas, y envió un bien preparado ejército a Leticia. Los colombianos, esta vez, no sufrieron derrotas calamitosas como en La Pedrera, pero la solución del conflicto tampoco fue militar. Una vez más la vía diplomática posibilitó el arreglo. El dictador Sánchez Cerro fue asesinado en 1933. Le sucedió el general Oscar Benavides, el mismo oficial que en 1911 comandó las tropas peruanas en La Pedrera. Benavides coadyuvó a las gestiones de paz, y en el protocolo de Río de Janeiro firmado el 24 de mayo de 1934, se zanjó el problema de límites entre Colombia y Perú.
ESM.
EDITORIAL DE LA REVISTA CROMOS, SEPTIEMBRE DE 1932:
“Tenemos la convicción profunda y la firme esperanza de que las gestiones diplomáticas adelantadas por la Cancillería de San Carlos, en defensa de los derechos de Colombia sobre la integridad de su territorio, llegarán a una solución acertada y pacífica, de acuerdo con principios inviolables de justicia y soberanía, y el Gobierno nacional sabrá imponer en la población de Leticia la ley colombiana por sobre las tentativas desesperadas de los rebeldes del momento.
“El asalto a las autoridades colombianas de Leticia, obra de una cuadrilla de aventureros, que obtuvieron para el logro de su empresa las simpatías y el apoyo material de las autoridades del departamento fronterizo de Loreto –apoyo prestado sin usura con objeto exclusivo de adueñarse lisa y llanamente de una extensa región reconocida públicamente como parte integral del territorio de Colombia—constituye un ataque sin precedentes en los anales de los países de Sur América y en la práctica significa el desconocimiento tácito, por parte de un grupo importante, de un tratado, discutido ampliamente en el Congreso del Perú, aprobado y ratificado por los poderes públicos de ese país y debidamente registrado ante la Sociedad de las Naciones.
“La negación o el desconocimiento de se contrato, respaldado por la fe pública y por el honor de las Naciones, representadas en esta ocasión por los signatarios del Tratado Salomón-Lozano, es acto que por su gravedad única, por la teoría inmoral que representa en sí y por las consecuencias terribles y de incalculable desenlace que entrañaría su ejecución, debe ser juzgado como locura inaudita, imposible de realizar, pese a las críticas y bravuconadas de elementos ignorantes. De ahí que el Gobierno de Colombia haya mirado con extrañeza las vacilaciones del Gobierno del Perú, en definir y condenar el caso fronterizo, bajo el pretexto discutible de que una desautorización oficial y rotunda a esa aventura, causaría daños graves a la estabilidad interior del actual régimen.
“Es materialmente inaceptable que un gobierno, sea cual fuere, adopte a sangre fría la política mendaz del desconocimiento de los tratados públicos, por ser ellos obra de regímenes ya caídos, y el título de caballerosidad e hidalguía que se aplica con honra a los ciudadanos cuando saben cumplir sus compromisos, también es de uso para las naciones, aunque ellas presenten la excusa de estar confiadas a las manos de caudillos ocasionales.
“Colombia tiene la suprema obligación de restaurar a los funcionarios de Leticia; castigar a los responsables e imponer sanción duradera y terminante en aquellas Intendencia para evitar en el futuro la repetición de un ataque similar.
“La suscripción del empréstito para la defensa nacional es índice certero de la potencialidad económica de la República; en el breve espacio de unos días alcanzó la suma señalada; la necesidad de defender la heredad común se sobrepuso a los intereses personales.
“Colombia quiere la paz por sobre todo, pero está en pié, firme y decidida a defender con la razón de la fuerza, la fuerza inviolable de su razón” (Fragmentos)
Cromos, septiembre de 1932
En el especial hay fotos de los sucesos de 1911 y 1932.
Espero les halla sido de interés lo anterior.
Hasta otra oportunidad.
Aquí les dejo un especial del suplemento de la revista Credencial (Credencial Historia - siglo XX colombiano) titulado "Las guerras con el Perú"
Desde 1829 comenzaron los conflictos entre Colombia y Perú
Un siglo antes de que estallara la guerra, comenzaron los enfrentamientos, provocados por los intereses de algunas familias de la oligarquía peruana.
Estas familias extraían sus fortunas de suelo colombiano y en su provecho particular intentaban anexar al Perú las tierras fronterizas con Colombia.
Durante el siglo XIX las relaciones colombo peruanos marcharon fraternales y tranquilas, y al socaire de esa fraternal tranquilidad en las dos últimas décadas, debido a la constante demanda mundial del caucho como materia prima, la casa comercial Arana del Perú fue tomando posiciones en el Putumayo y comenzó la explotación de las zonas caucheras en territorio amazónico colombiano.
El Conflicto Amazónico
Hacia agosto de 1902, próximo el final de la Guerra de los Mil Días, un artículo en El Nuevo Tiempo denunció cómo se habían efectuado el año anterior inmensas exportaciones de caucho, explotado en las plantaciones colombianas del Putumayo y del Caquetá por la Casa Arana, del Perú, sin permiso de nuestro Gobierno y sin que a la nación colombiana se le diera ningún beneficio. Por primera vez se planteó en público el asunto de nuestros derechos en la Hoya del Amazonas y del Putumayo. Al año siguiente las denuncias fueron más concretas y alarmantes.
Se demostró que los peruanos dominaban por completo las plantaciones de caucho en el Caquetá y que era un hecho la usurpación de territorio colombiano por parte del Perú. En julio, con datos suministrados por los generales Rafael Reyes y Rafael Uribe Uribe, se denunció por parte de Enrique Olaya Herrera, en su periódico El Comercio, que el Perú había establecido una dominación militar sobre nuestros ríos Napo y Putumayo, con amenaza a la soberanía colombiana en el río Javari. Antes de que el país digiriera estas informaciones que lo habían tomado por sorpresa, se supo, por despachos enviados a El Relator, que los colombianos en Loreto eran cazados como fieras, y que en el Caquetá los indígenas vivían en calidad de esclavos de la Casa Arana, todo a ciencia y paciencia del Gobierno colombiano (presidido por José Manuel Marroquín) que no se preocupaba por dar protección a nuestros compatriotas. En cambio la Casa Arana contaba con firme apoyo militar y económico de su Gobierno. Justiniano Espinosa, provisto de testimonios y documentos irrefutables, denunció sin ambages que Colombia había sido invadida por el Perú; el ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Luis Carlos Rico, fue citado por el Senado para que explicara la situación, pero sus explicaciones resultaron poco convincentes y no tranquilizaron a nadie.
Para 1904 ya se hablaba de “conflicto amazónico”. El Gobierno de Marroquín en sus últimos meses se esforzó por superar las tensiones y consiguió que Clímaco Calderón, sucesor de Rico en el ministerio de Relaciones, concertara con el gobierno peruano un tratado de amistad y límites, firmado el 16 de septiembre por los cancilleres de ambos países y por el ministro colombiano en Lima, que se denominó tratado Calderón-Velarde-Tanco, y ratificado en septiembre de 1905. Por este tratado Colombia y Perú se comprometían a retirar todos sus efectivos militares de la frontera y a establecer un modus vivendi aceptable para las dos naciones y que en la práctica se traducía en un reconocimiento por Perú de la soberanía colombiana en las zonas en disputa, siempre que la explotación de caucho siguiera, como hasta entonces, a cargo de la Casa Arana. Hubo júbilo en el país por el restablecimiento de las relaciones fraternales con el Perú y por el anunciado retiro de las fuerzas peruanas de la orilla colombiana sobre el Putumayo. Más adelante se demostró que tanto las relaciones fraternales como el retiro de las tropas no eran sino una estratagema peruana para apaciguar los ánimos colombianos. El conflicto amazónico estaba lejos de haberse resuelto.
Los apaleados héroes de La Pedrera
Despertaron los colombianos el 27 de enero de 1911 con la noticia de que un fuerte contingente de tropas peruanas, muy bien armadas y entrenadas, había ocupado el Caquetá, en una operación propiciada y dirigida por los ejecutivos de la Casa Arana.
El país ardió en patriotismo. Se organizó la Junta de Defensa Nacional, la Junta Patriótica de Clubes y clubes de tiro al blanco, en todas las capitales, donde podrían entrenar los futuros héroes que marcharían al Caquetá a lavar con sangre peruana la ofensa inferida a Colombia.
El Gobierno de Carlos E. Restrepo y su ministro de Relaciones, Enrique Olaya Herrera, despacharon con rapidez una expedición al Caquetá, comandada por los invictos generales Gabriel Valencia e Isaías J. Gamboa, de la que en marzo se tuvo noticias de hallarse en serias dificultades de todo orden y expuesta a ser liquidada por los soldados peruanos dueños de una superioridad abrumadora en organización y en número, no en valor, pues en valor nadie podía superarnos, pregonaba en las calle de Bogotá, con cierto tufillo irónico, el doctor Eduardo Arias en unos panfletos que él mismo redactaba, imprimía y repartía, como hizo en los días de Panamá, episodio doloroso y todavía muy sensible en la epidermis colombiana. ¿Sería Caquetá otro Panamá?
Podría sospecharse que la enconada oposición adelantada por el Partido Liberal contra el gobierno republicano de Carlos E. Restrepo, llevó al director de ese partido, Rafael Uribe Uribe, y a sus más importantes seguidores, a denunciar la forma cómo se había improvisado la expedición al caquetá, y a pronosticar un desastre inminente. Uribe Uribe fue calificado por Olaya Herrera, y por la prensa republicana, de enemigo de la Patria y de colocar sus intereses políticos por encima de los sagrados intereses nacionales; pero lo cierto es que la expedición al Caquetá fue un desastre.
El 7 de julio la tropa expedicionaria colombiana se encontró de frente con los invasores peruanos. El 10 trabaron combate en La Pedrera 50 valientes colombianos, al mando de los generales Valencia y Gamboa, contra 480 peruanos desalmados que dirigía el teniente coronel Oscar Benavides. Los colombianos recibieron una paliza sin atenuantes, no obstante el coraje con que pelearon. El general Isaías Gamboa logró ponerse a salvo con parte de sus hombres y el general Valencia fue capturado por los peruanos, que unos días después lo dejaron en libertad, sano y salvo.
La derrota de La Pedrera, al tiempo que avivó los ánimos guerreros del país, puso a tambalear al canciller Olaya Herrera sobre quien cayeron las culpas del desastre. Olaya Herrera tenía bien sabido que por el lado militar carecíamos de preparación para enfrentar a una nación como Perú con poderosa tradición militarista y con un ejercito probado en varios conflictos internacionales. Colombia no era una potencia militar, ni cosa que lo pareciera, y el gobernante partido republicano lo integraban intelectuales que sentían horror ante las armas y execraban el uso de la fuerza para dirimir las diferencias internas o externas. Los liberales decían la verdad al acusar a Olaya Herrera de improvisar la expedición al Caquetá y todo hace creer que Olaya lo hizo a propósito. Decidió jugarse a fondo para evitar que el país se enfrascara en una guerra ruinosa que iba a costar miles de vidas. Mientras que los héroes de La Pedrera eran zurrados por los peruanos, Olaya trabajó para zanjar el conflicto por la vía diplomática.
Hasta la próxima
El 15 de julio –cinco días después de la derrota y antes de que la noticia se conociera en Bogotá—Colombia y Perú acordaron suspender hostilidades. La mala nueva de la derrota en La Pedrera sacudió al país y las gargantas de los ciudadanos clamaban venganza. El general Gamboa fue aclamado como un héroe, Olaya Herrera vilipendiado y acusado por Uribe Uribe en el Senado, donde el canciller y el jefe del liberalismo sostuvieron una de las polémicas más famosas de nuestra historia. Dijo el doctor Arias –a quien apodaban el loco—que sólo por escuchar a aquellos dos magnos oradores bien valía la pena una guerra con el Perú. Así es que al compás con las vociferantes manifestaciones que pedían marchar hasta Lima –como si fuera un paseo veraniego—y los relatos espeluznantes sobre las crueldades cometidas por la Casa Arana contra los indígenas del Caquetá y del Putumayo, Olaya Herrera logró un acuerdo de modus vivendi con el Perú, cuyo primer efecto fue la orden de la cancillería peruana de poner en libertad inmediata a los soldados colombianos capturados en La Pedrera y prestar atención a los enfermos.
Los ánimos, demasiado exaltados, no prestaron atención a ese detalle y continuaron pidiendo guerra. Olaya Herrera, que contaba con la plena confianza del presidente Carlos E. Restrepo, manejó el asunto con mano de hierro y desoyó las voces de sirena que incitaban al Gobierno colombiano a embarcarse en una carrera armamentista peligrosa e inútil. Para ablandar al Perú le salió a Colombia un aliado con el que no contaba.
Una epidemia de beriberi se desató entre las tropas peruanos, que tuvieron cerca de treinta víctimas diarias. Lo que no pudieron los menguados soldados colombianos, lo consiguieron entre el beriberi y la fiebre amarilla, a tal grado que la hecatombe de las tropas peruanas provocó una crisis política en el Perú. Ese revés gratuito del enemigo le facilitó a Olaya las cosas, si bien tuvo momentos ásperos, por ejemplo cuando grupos de manifestantes que recorrían las calles en manifestación contra el Perú, el 4 de octubre, apedrearon la casa de la Legación peruana y pisotearon la bandera del hermano país. El Gobierno del Perú reaccionó con prudencia e informó que se habían dispuesto medidas de protección que garantizaran la seguridad de la Legación colombiana en Lima. Laureano Gómez acusó a la prensa republicana –El Tiempo y Gaceta Republicana—de favorecer los intereses del Perú con sus editoriales pacifistas, y la oposición dijo que el canciller Olaya Herrera manejaba el conflicto de una manera “extraña”. Sin duda. Y más extraños parecen los resultados que alcanzó la gestión diplomática de nuestro canciller. El 16 de octubre las tropas peruanas desocuparon La Pedrera y regresaron a territorio del Perú, la casa Arana cayó en desgracia, Colombia reasumió su soberanía en el Caquetá y el 6 de noviembre se declaró terminado el incidente y se normalizaron las relaciones entre Colombia y Perú. No hubo, pues, miles de muertos, miles de hogares destruidos, ni miles de madres que lloraran a sus esposos o a sus hijos, ni miles de niños en orfandad repentina, ni ciudades, invadidas, ni desolación, ni sufrimiento. Extraño, muy extraño; pero si así se manejaran los conflictos la historia de la humanidad no sería la historia del hombre contra el hombre. Consolidada la paz, Olaya herrera renunció a la cancillería y fue nombrado ministro plenipotenciario de Colombia en Chile.
La Casa Arana
Una comisión inglesa, presidida por Sir Roger Casement, elaboró un informe en el que detalló una por una las atrocidades cometidas por la Casa Arana contra las indígenas de la región amazónica. Asesinatos, torturas, despojos, persecuciones, desplazamientos y trabajos forzados. No hubo iniquidad que los caucheros peruanos no perpetraran en su propósito de obtener mano de obra, no ya barata, sino gratuita, para exprimirle el caucho a los árboles del Amazonas. A raíz del informe Casement la Casa Arana se declaró en quiebra y el prefecto de Iquitos dicto orden de prisión contra todos los jefes de esa empresa, a los que acusó de autoría y complicidad en los crímenes y asesinatos denunciados en el Libro Azul de Sir Roger Casement. El tribunal de Iquitos expidió otra orden de prisión contra todos los empleados de la Casa Arana, cuyo jefe evadió el cerco endeble de las autoridades y huyó a Europa.
Segunda Parte: Diecinueve años después
Quizá no pensó nunca Enrique Olaya Herrera que la crisis bélica que hubo de sortear en 1911 colmo Ministro de Relaciones Exteriores, tendría que repetirla diecinueve años después como Presidente de la República. Su Gobierno había dado un manejo magistral a la gran crisis económica mundial que se desató en octubre de 1929. Gracias a las medidas atinadas de Olaya Herrera y de su ministro de hacienda, Esteban Jaramillo, --tuvieron el acierto de darle al enfermo de depresión la medicina que necesitaba para reactivarse-- los colombianos padecieron los efectos del invierno económico con mucho menor dureza que en los demás países.
Por esta razón se acostaron sin mayores angustias la noche del 2 de septiembre de 1932, y despertaron el tres con una preocupación insospechada. “Trescientos comunistas peruanos” se habían apoderado de Leticia, según titular del matutino El Tiempo.
El vespertino El Espectador fue más prudente e informó que nada se sabía sobre los autores de la invasión a Leticia. Y nadie podía explicarse cómo se reunieron trescientos comunistas peruanos para cometer semejante locura, si se sabía de sobra que en Perú no alcanzaban a contarse ni cincuenta comunistas; ni nadie se atrevía a suponer que el gobierno del general Sánchez Cerro estuviera detrás de la inicua aventura, en abierta violación de un tratado internacional suscrito en la década anterior por Colombia y Perú, y conocido como tratado Salomón- Lozano.
Lo impensable resultó ser lo real. Un agudo editorial de la revista Cromos empezó a sembrar las dudas respecto a que la toma de Leticia hubiese tenido inspiración o autoría comunista. ¿Por qué el Gobierno peruano no la condenaba, ni tomaba medidas contra los supuestos comunistas? En poco menos de quince días se conoció la verdad. Los trescientos invasores de Leticia no era alocados comunistas sino miembros del ejército peruano y la operación se había efectuado de acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno de Sánchez Cerro.
Frente a las evidencias no le quedó al presidente Olaya otra alternativa que declarar el estado de guerra con el Perú y adoptar las disposiciones militares para recuperar el territorio usurpado. Como en 1911, el país olvido sus diferencias políticas y dio muestras de solidaridad impresionante y de apoyo al Gobierno. El jefe de la oposición conservadora, Laureano Gómez, declaró “paz en el interior y guerra en la frontera”. El doctor Gómez, con su elocuencia tribunicia, defendió en el Senado el empréstito de emergencia para sortear los gastos de guerra. Miles de damas en Bogotá, y en las distintas ciudades del país, hicieron cola en las oficinas públicas para donar sus joyas y bienes al Gobierno colombiano, con el fin de contribuir al sostenimiento de nuestros soldados.
Con el empréstito de emergencia y los aportes extras de los ciudadanos, el Gobierno compró aviones, barcos, armas, y envió un bien preparado ejército a Leticia. Los colombianos, esta vez, no sufrieron derrotas calamitosas como en La Pedrera, pero la solución del conflicto tampoco fue militar. Una vez más la vía diplomática posibilitó el arreglo. El dictador Sánchez Cerro fue asesinado en 1933. Le sucedió el general Oscar Benavides, el mismo oficial que en 1911 comandó las tropas peruanas en La Pedrera. Benavides coadyuvó a las gestiones de paz, y en el protocolo de Río de Janeiro firmado el 24 de mayo de 1934, se zanjó el problema de límites entre Colombia y Perú.
ESM.
EDITORIAL DE LA REVISTA CROMOS, SEPTIEMBRE DE 1932:
“Tenemos la convicción profunda y la firme esperanza de que las gestiones diplomáticas adelantadas por la Cancillería de San Carlos, en defensa de los derechos de Colombia sobre la integridad de su territorio, llegarán a una solución acertada y pacífica, de acuerdo con principios inviolables de justicia y soberanía, y el Gobierno nacional sabrá imponer en la población de Leticia la ley colombiana por sobre las tentativas desesperadas de los rebeldes del momento.
“El asalto a las autoridades colombianas de Leticia, obra de una cuadrilla de aventureros, que obtuvieron para el logro de su empresa las simpatías y el apoyo material de las autoridades del departamento fronterizo de Loreto –apoyo prestado sin usura con objeto exclusivo de adueñarse lisa y llanamente de una extensa región reconocida públicamente como parte integral del territorio de Colombia—constituye un ataque sin precedentes en los anales de los países de Sur América y en la práctica significa el desconocimiento tácito, por parte de un grupo importante, de un tratado, discutido ampliamente en el Congreso del Perú, aprobado y ratificado por los poderes públicos de ese país y debidamente registrado ante la Sociedad de las Naciones.
“La negación o el desconocimiento de se contrato, respaldado por la fe pública y por el honor de las Naciones, representadas en esta ocasión por los signatarios del Tratado Salomón-Lozano, es acto que por su gravedad única, por la teoría inmoral que representa en sí y por las consecuencias terribles y de incalculable desenlace que entrañaría su ejecución, debe ser juzgado como locura inaudita, imposible de realizar, pese a las críticas y bravuconadas de elementos ignorantes. De ahí que el Gobierno de Colombia haya mirado con extrañeza las vacilaciones del Gobierno del Perú, en definir y condenar el caso fronterizo, bajo el pretexto discutible de que una desautorización oficial y rotunda a esa aventura, causaría daños graves a la estabilidad interior del actual régimen.
“Es materialmente inaceptable que un gobierno, sea cual fuere, adopte a sangre fría la política mendaz del desconocimiento de los tratados públicos, por ser ellos obra de regímenes ya caídos, y el título de caballerosidad e hidalguía que se aplica con honra a los ciudadanos cuando saben cumplir sus compromisos, también es de uso para las naciones, aunque ellas presenten la excusa de estar confiadas a las manos de caudillos ocasionales.
“Colombia tiene la suprema obligación de restaurar a los funcionarios de Leticia; castigar a los responsables e imponer sanción duradera y terminante en aquellas Intendencia para evitar en el futuro la repetición de un ataque similar.
“La suscripción del empréstito para la defensa nacional es índice certero de la potencialidad económica de la República; en el breve espacio de unos días alcanzó la suma señalada; la necesidad de defender la heredad común se sobrepuso a los intereses personales.
“Colombia quiere la paz por sobre todo, pero está en pié, firme y decidida a defender con la razón de la fuerza, la fuerza inviolable de su razón” (Fragmentos)
Cromos, septiembre de 1932
En el especial hay fotos de los sucesos de 1911 y 1932.
Espero les halla sido de interés lo anterior.
Hasta otra oportunidad.
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