Colombia en la Guerra contra el Perú de 1932

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La última acción del conflicto fue 8 de mayo de 1933 en la que se produjo el único encuentro aéreo entre aeronaves de ambos países, cuando unos aviones peruanos que hostigaban una flotilla fluvial en el río Algodón fueron sorprendidos por aviones colombianos, siendo averiado y obligado a aterrizar un avión peruano Douglas O-38P con matricula 12VG4, el cual fue posteriormente llevado a territorio colombiano. El 24 de Mayo de 1933 se declara el cese de hostilidades gracias a la mediación de la Sociedad de las Naciones y el retorno a manos colombianas de la localidad de Leticia. Un poco más de un año después fue devuelto al Perú el O-38P. Cabe anotar que durante el conflicto murieron cuatro pilotos [uno de ellos alemán], cuatro mecánicos [uno de ellos alemán] en cuatro accidentes en la zona de operaciones en la que se perdió el Falcon O-1, un Osprey C-14, un Junker F-13 y un Curtiss F-11.

Saludos

Según me indican mis datos, en este unico combate aéreo entre fuerzas Colombianas y Peruanas, se realizo el 10 de mayo de 1933.
Tres O-38 piloteados por el Alferez Luis Dario Cayo (lider de la formacion) Tenientes Antonio Alberti y Americo Vargas, con los Suboficiales Valdivia,Alfaro y Mendez como operadores de ametralladora, partieron de Puca-Barranca a las 0900 en mision de bombardeo de las naves Colombianas que navegaban en el Putumayo. Luego de media hora de vuelo hicieron contacto con una flota de seis Curtiss F-11C Hawk de caza, los cuales inmediatamente iniciaron el ataque sobre los mas lentos Douglas de bombardeo. Ante la superioridad numerica la formacion Peruana se desintegra, separandose el Teniente Vargas, que es perseguido por los cazas Colombianos, permitiendo el escape de las otras dos aeronaves Peruanas. el O-38 recibe numerosos impactos de bala y acuatiza en el Rio Algodon, para luego hundirse por la cantidad de impactos de bala en el fuselage ( recuperaron los colombianos el avion del fondo del rio?, seria bueno contar informacion grafica de ese lado para corroborar la version). Los dos ocupantes de la aeronave sobreviven con leves heridas para ser rescatados luego por una canoa de la Marina Peruana.

Saludos


Veltro

[Diego Recluta Encontrar todos los mensajes Ver Perfil Cerrar Diego]

Buenos detalles Veltro_28
No tengo fotos de la estancia del Douglas 0-38P matrícula 12VG4 en Colombia y es muy difícil conseguirlas, si es que las hay.
En lo particular creo en esa versión, ya que proviene de escritos de oficiales de la Fuerza Aérea y de la propia Fuerza Aérea Colombiana. Aparte de eso y de la fecha -2 días de diferencia- (datos sin mucha importancia en los hechos), las versiones peruanas y colombianas son iguales.

Extractos del libro "Conflicto Amazónico 1932 / 1934" Villegas Editores

Preámbulo

El 1 de septiembre de 1932, hacia las cinco y treinta de la madrugada, una agrupación de civiles armados de carabinas Winchester y militares peruanos asaltaron la población de Leticia, sobre el llamado Trapecio Amazónico, consagrado come territorio nacional de Colombia por el Tratado Lozano-Salomón de 1928.

La capitaneaban el ingeniero Oscar Ordóñez y el alférez del Ejército del Perú Juan de la Rosa, quien vestía prendas civiles. Aunque los asaltantes vestían de paisano, la participación militar en el ataque se comprueba por múltiples aspectos. El alférez La Rosa era el comandante de la guarnición de Chimbote. Se emplearon ametralladoras pesadas y cañones, al lado de fusiles Mauser y carabinas Winchester, que sólo podían tener procedencia castrense. Una vez perpetrado el asalto, un contingente de soldados en uniforme distribuyó centinelas en los puntos más importantes de la población.

La pequeña localidad de Tarapacá, sobre la margen sur del río Putumayo, lugar estratégico por su ubicación próxima a la frontera con el Brasil y sus características topográficas, fue tomada por fuerzas militares peruanas y convertida en fortín atrincherado, con lo cual se controlaba la navegación de este importante tributario del río Amazonas.

El intendente del Amazonas, Alfredo Villamil Fajardo, fue tomado prisionero junto con las autoridades allí presentes y con la totalidad de los pobladores de nacionalidad colombiana. Expulsados los funcionarios por las fuerzas agresoras, hallaron refugio en la cercana población brasileña de Benjamín Constant, donde el intendente depuesto de su cargo y exiliado del territorio nacional, abrió un expediente en el que reunió 37 declaraciones de testigos presenciales de los hechos.

La consistencia en el relato de lo ocurrido es notable. Cuatro ciudadanos brasileños, un francés, un maltés y el resto colombianos, además de dos peruanos revelan la presencia de elementos militares del Perú en el asalto, si bien difieren en el número de cañones y ametralladoras empleados. Este detalle se explica por las diferentes horas en las que unos y otros vieron dicho material pesado, lo que pudo significar emplazamiento gradual de las piezas divisadas por los declarantes.

Todo enfrentamiento armado tiene un período de gestación. Los antagonismos que lo originan generan tensiones en progresivo aumento, que culminan bien porque un detonante ocasional produce el estallido, bien porque un proceso calculado señala el momento para desencadenar el conflicto.

El asalto a Leticia estuvo precedido por más de un siglo de difíciles negociaciones diplomáticas, varias veces abiertas e interrumpidas, y por incidentes armados que variaron desde la guerra de 1829 desatada por el mariscal José de la Mar con el propósito de anexar al Perú las provincias colombianas de Cuenca, Loja y Guayaquil, hasta el ataque a la localidad de La Pedrera en 1911 sobre la margen sur del río Caquetá por una expedición militar al mando del teniente coronel del Ejército peruano Oscar Benavides.

El Tratado Lozano-Salomón, ratificado por los dos países en 1928, si bien culminó las negociaciones bilaterales, no dejó satisfechas las aspiraciones contrapuestas de colombianos y peruanos, que se sentían con derechos sobre extensiones geográficas que el mencionado instrumento de Derecho Internacional Público dejó por fuera del respectivo país.

Para el Perú, la soberanía nacional se extendía hasta el río Caquetá por el norte, por cuanto hasta allí llegaba la jurisdicción religiosa del obispado de Lima, al cual había asignado la corona española el territorio amazónico para efectos misionales. Para Colombia, esa parcela, entendida por el Sur hasta el río Napo y por el Oriente hasta la desembocadura del Caquetá en el Amazonas, le pertenecía como heredad histórica del Virreinato de la Nueva Granada, en virtud de la doctrina del Uti Possidetis de 1810, aceptada en el mundo hispanoamericano como base de la delimitación territorial entre las naciones surgidas de las antiguas colonias españolas.

Lo que para los colombianos fue aceptación resignada de un hecho jurídico, para los peruanos, en particular los pobladores de la región amazónica, aquello fue un despojo. Dos importantes firmas comerciales de naturaleza familiar, poseían intereses en la zona adscrita por el Tratado a Colombia.

1) La Casa Arana, tristemente célebre desde las épocas de las caucherías, con una inmensa concesión en territorio colombiano, otorgado por el gobierno de su país desde antes de la firma del Tratado Lozano-Salomón.

2) Los hermanos Vigil, propietarios de la granja La Victoria, al oeste de Leticia, fuente de importantes negocios madereros y agrícolas.

Con poderosas influencias en los círculos políticos del Perú, Aranas y Vigiles presionaban el reintegro de los territorios «cedidos» a Colombia al patrimonio nacional de su país. Un hecho político vino a crear la coyuntura propicia. Al gobierno del Perú había accedido por la vía armada el coronel Luis María Sánchez Cerro.

Débil políticamente por la cerrada oposición de partidos rivales, el régimen dictatorial halló en las circunstancias descritas la coyuntura favorable para consolidarse en un acto de reivindicación patriótica que obedeció, en sus propios términos, a “las incontenibles aspiraciones del pueblo peruano”.

Dos naciones amigas y hermanas se veían precipitadas así, a un conflicto bélico adverso a los intereses reales y futuros de sus pueblos, contrario a la vez a mandatos históricos y fuerzas unificadoras. Es este el origen del recuento contenido en las páginas del presente libro.

Dos figuras legendarias

Manuel Ico

Como "El Hachero" se conocía a Manuel Salvador Ico, natural de La Plata en el departamento del Huila, genuino representante de los colonizadores que arribaron a la Amazonia a comienzos del siglo, cuando las caucherías atraían con su hechizo de dinero fácil y aventura exótica. Pasada la fiebre del caucho se enfrentó con un hacha a la selva brava. Se hizo agricultor, reanudando el hilo de su mocedad, y se avecindó en la rescatada población de Leticia, cuando la colombianidad del Puerto se definió con el tratado LozanoSalomón. Allí lo sorprendió la ocupación peruana del 1 de septiembre. Se negó a colaborar con el invasor.

Exiliado en el Brasil, rindió testimonio ante el también desterrado intendente Villamil Fajardo. Viajó a Bogotá donde ofreció sus servicios como soldado para rescatar el retazo de territorio patrio que se pretendía arrebatar. Regresó al Sur, se reintegró a su selva bravía, donde terminó su vida abrazado a la inmensidad arbórea que devoró su existencia arriscada y luchadora.

Patricia Sarria

Su nombre de pila, precedido de un artículo definido, encarnó en la jovencita huilense, natural de Concepción, toda una actitud vital. Una más entre las mujeres inmigrantes a la Amazonia, se unió al ciudadano peruano José Campos y se residenció en Iquitos, capital del departamento de Loreto. Cuando llegaba un hijo, su primer acto al levantarse del alumbramiento era inscribir el retoño en el consulado de Colombia. Sus críos tendrían que ser tan colombianos como ella. El 1 de septiembre de 1932 residía en Leticia. Aprehendida por los invasores, junto con los demás colombianos, se reconocieron sus nexos familiares peruanos. Los rechazó altivamente. Increpó al alférez La Rosa y al ingeniero Ordóñez su acto de piratería y, reencarnando el espíritu de Policarpa Salavarrieta, prefirió el exilio. Finalizado el conflicto retornó a sus lares. La Patricia se había convertido en erguido símbolo de nacionalidad. Con sus propias manos construyó una estancia a la orilla de uno de los hermosos lagos vecinos al puerto, levantó algún ganado y productos agrícolas. Allí crió a sus últimos cuatro hijos, dos mujeres y dos hombres, que enraizó al terruño. Al final de sus días pidió que su féretro fuese cubierto por la bandera de la Colombia que amó y con cuyo nombre se confundieron sus cenizas. La declaración que rindió ante el exiliado intendente Villamil Fajardo aparece suscrita 'a ruego de la declarante por no saber firmar'.

[Parachute Sub Oficial Encontrar todos los mensajes Ver Perfil Cerrar Parachute]

Algunas aeronaves fueron tomadas de la aerolínea SCADTA [Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo] e incluyeron varios de sus pilotos de origen alemán encabezados por el mayor Herbert Boy.

Es importante destacar que muchos de los pilotos y artilleros alemanes al servicio de la Aviación Militar Colombiana eran veteranos de la IGM. Entre ellos destacaba el mayor Herbert Boy (que fuera ascendido a la clase de Coronel y nombrado Jefe Autonomo de la Aviación Colombiana), el Mayor Rolf Strake, los Capitanes Hernán Ernest Von Oertzen, Hans Warner Von Engel, Fritz Tessen Von Haydebreck y los Tenientes Henry Vaughan, Bodo Kaull y Paul Mutter.

Las principales acciones bélicas de este conflicto fueron el 14 de febrero de 1933 en Tarapacá en donde la guarnición peruana en este sitio es bombardeada por siete aviones y posteriormente tomada por las fuerzas de tierra,

Durante la acción de Tarapaca, también hubo un encuentro entre aeronaves peruanas y colombianas. Una escuadrilla compuesta por cuatro aviones Corsair fue destacada para bombardear a la escuadra colombiana. La comandaba Baltazar Montoya, Pedro Canga y Francisco Secada. El avión conducido por el teniente Arturo Lecca debió regresar por fallas mecánicas.

La escuadrilla toma contacto con las naves colombianas procediendo a bombardear a las cañoneras "Cordova" y "Pichincha" las mismas que repelen el ataque con nutrido fuego antiaéreo. En el fragor del combate hacen su aparición tres aviones de caza colombianos produciendose un combate de más o menos 25 minutos, al cabo de los cuales los aviones del Comandante Montoya y el Capitan Canga logran dirigirse al rio Algodon y Leticia respectivamente.

La aeronave del alferez Secada combatió por algunos momentos más, no obstante la abrumadora superioridad, finalmente aprovechando la oscuridad del atardecer logra desaparecer con rumbo a Leticia.

Saludos.

[Diego Recluta Encontrar todos los mensajes Ver Perfil Cerrar Diego]

Interesantes datos Parachute, gracias por mostrar interés en el tema

De esta forma se nutre de manera importante la información de este conflicto

Extractos del libro"Conflicto Amazónico 1932 / 1934"Villegas Editores

La cuestión limitrofe

Texto de: Mayor General, Jaime Durán Pombo.

Una de las consideraciones que debe formularse quien se ocupe de cualquier acontecimiento histórico, es apreciar, previamente, la íntima vinculación que existe entre la geografía y la historia. La primera de estas ciencias estudia en sus más variados aspectos, el escenario natural en el cual ha venido actuando el hombre, el gran protagonista de la historia. Estas consideraciones son básicas cuando se trata de la cuenca hidrográfica del Amazonas, la más extensa del globo.

Al respecto en "Los fundamentos geográficos y los problemas de la vida económica", de que es autor el geógrafo Rudolf Lutgens, dice: “La región del tráfico fluvial más extensa del mundo es la del Amazonas, tiene más de veinte (20) ríos secundarios que son mayores que el Rhin. Los buques pueden remontar el Amazonas por más de cuatro mil (4.000) kilómetros”.

A los datos precedentes debe agregarse que dos quintas partes del espacio territorial de América del Sur, están cubiertas por el conjunto forestal amazónico, el más extenso del planeta, en donde se encuentran especies vegetales y zoológicas autóctonas de esta zona húmeda, tropical y ecuatorial. Además, la naturaleza ha complementado esta red fluvial con el brazo Casiquiare que conecta al río Negro, afluente del Amazonas, con el río Orinoco.

Las condiciones geográficas características de la cuenca amazónica, han sido estudiadas por antropológos y sociólogos, quienes han establecido la influencia que ellas ejercen en los seres humanos que habitan esas regiones. Concuerdan en afirmar que diez mil años antes de la Era Cristiana, ya había llegado el hombre a esta zona del planeta.

Antecedentes Remotos

No fue fácil en el pasado la delimitación territorial en la Amazonia, donde se dieron cita dos imperios, España y Portugal, y convergen cuatro naciones contemporáneas, herederas de las que fueran sus antiguas posesiones de ultramar: Colombia, Brasil, Ecuador y Perú.

Los dos reinos ubicados en la Península Ibérica se disputaron, durante los períodos que se conocen como Descubrimiento, Conquista y Colonia de Iberoamérica, el dominio de los espacios colindantes, circunscritos a las cuencas hidrográficas del Amazonas y del río de La Plata. Entre Castilla y Portugal se habían presentado, antes del Descubrimiento del Nuevo Mundo, discrepancias dinásticas y territoriales, para cuya solución los reyes y príncipes cristianos solicitaron la intervención del Sumo Pontífice. Tales discrepancias irían a intensificarse en la era de los grandes descubrimientos, cuando los intereses de los imperios español y portugués en formación comenzaron a coincidir en áreas de interés.

El Meridiano De Tordesillas

El regreso de Cristóbal Colón de su primer viaje planteó el interrogante de cuáles serían los límites de las posesiones ultramarinas de España y Portugal. La cuestión se sometió al Soberano Pontífice de la Cristiandad, Alejandro VI (Rodrigo Borja 14921503 español), quien expidió al respecto seis bulas pontificias. La que vino a definir los límites imperiales de las dos naciones ibéricas, se tradujo en un Tratado que se firmó en la Villa de Tordesillas (Valladolid) el 7 de julio de 1494.

Desde entonces se ha conocido como Meridiano de Tordesillas la línea divisoria entre los dos imperios, acordada antes de que Cristóbal Colón hubiese regresado de su segundo viaje. Sin embargo, ni el Meridiano ni el Tratado pusieron fin a los litigios. Fuertes controversias surgieron entre España y Portugal y por ende entre sus herederos iberoamericanos.

Portugal nunca se ciñó al límite impuesto por el Meridiano. Sus bandeirantes lo traspasaron en el Brasil, a costa de grandes extensiones de territorios españoles, situados al occidente de esa línea inmaterializable, lo que iría a complicar seriamente la demarcación fronteriza entre las cuatro naciones amazónicas, surgidas de los dos imperios durante el proceso de emancipación de iberoamérica.

El Tratado De San Idelfonso

Muchas fueron las incidencias que se registraron en la historia paralela de España y Portugal a lo largo de los primeros dos siglos que sucedieron al Descubrimiento. Su desenvolvimiento constituye aspecto de singular interés por las repercusiones que tendría en la futura delimitación de las naciones surgidas del coloniaje imperial.

Mención especial merece el Tratado de París, que determinó la entrega de Sacramento a los portugueses, y la devolución de los territorios ocupados por los bandeirantes a España. Lo segundo no se cumplió. Por el contrario, la progresión portuguesa continuó por el Amazonas y sus afluentes, Caquetá y Putumayo. En este último río fundaron los bandeirantes la población de San Antonio, y en el Amazonas la de Tabatinga, sobre su margen izquierda, que España reclamó obteniendo por respuesta la fortificación del lugar, enclavado sobre un barranco prominente que domina la angostura fluvial que allí se produce.

El 1 de octubre de 1777, firmaron los representantes de España y Portugal un tratado en el real sitio de San lldefonso, por el cual se comprometían a suspender los preparativos bélicos que se venían cumpliendo y establecer una comisión bilateral a fin de determinar los límites de sus posesiones en la América del Sur.

La Cuarta Comisión, a la que correspondió la región amazónica, inició labores el 9 de febrero de 1781. Portugal se las arregló para no devolver a Tabatinga y mantener los territorios conquistados que consideraba propios por su presencia de facto, frente a una etérea posesión jurídica de España. Fracasado el arreglo que se pretendió alcanzar por el Tratado de San lldefonso, la Revolución Francesa iniciada con la toma de La Bastilla el 14 de julio de 1789, iría a cambiar por completo la faz de Europa y el fenómeno napoleónico terminaría por dejar a los herederos de España y Portugal el arreglo de su cuestión limítrofe.

La Real Cédula De 1802

Un personaje español, don Felipe de Requena, vino a ser el autor intelectual de un instrumento jurídico que iría a formar parte fundamental de la cuestión limítrofe colombo-peruana. Miembro de la comisión hispanoportuguesa de demarcación de fronteras en los ríos Yavarí y Negro, permaneció más de 14 años en esos territorios, siendo designado a su regreso a España como asesor del Consejo de Indias.

Habiendo conocido de cerca la importante labor cumplida por la Compañía de jesús con los aborígenes de la región amazónica, y las graves perturbaciones que allí produjo la expulsión de la comunidad jesuita por Carlos III, propuso al Consejo establecer una sede episcopal en Mainas, cuya jurisdicción cubría los territorios de Quijos y Jaén. De allí resultó la promulgación, el 15 de julio de 1802, de la Real Cédula que creó el obispado de Mainas, sufragáneo del Arzobispado de Lima.


El Virrey de la Nueva Granada elevó ante el Rey el denominado “Recurso de Súplica”. Lo propio hizo la Real Audiencia de Quito. Al no ser confirmada la Real Cédula, como era de rigor ante dicho recurso para que entrara en vigencia, el obispado no llegó a tomar forma, máxime si se tiene en cuenta que el Ilustrísimo Señor Sánchez Rangel, designado obispo de Mainas, solicitó al Rey suprimir dicho gobierno.

El historiador Francisco Andrade Suescún, al referirse a estos hechos, anota que en 1818, esto es 16 años después de haber sido promulgada la Real Cédula en referencia, se publicó bajo el virreinato del brigadier Juan Sámano la "Guía de Forasteros del Virreinato de la Nueva Granada", que incluyó a Jaén, Mainas y Quijos como provincias del dicho virreinato. Esta información oficial no se habría hecho pública, de no existir la certeza de que dichas provincias pertenecían a la jurisdicción territorial del Virreinato de la Nueva Granada.

La Era Republicana

Pasando a la época contempóranea, el ya citado historiador Andrade Suescún informa que el poeta peruano José Santos Chocano, en un folleto titulado El Escándalo de Leticia, que apareció después del conflicto de 1932, analiza la Cédula Real de 1802 para concluir que ella no estableció segregación territorial del Virreinato de la Nueva Granada ni agregación al del Perú.

Don Fabio Lozano Torrijos, quien como embajador de Colombia ante el gobierno del Perú pactó con don Alberto Salomón, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, el Tratado que lleva sus nombres, demuestra en un profundo estudio que “La Cédula de 1802 no fue de segregación territorial” y agrega que “Las altas autoridades civiles y militares del Perú, durante la Colonia, no consideraron la Cédula de 1802 como título territorial”, en tanto el gobierno del Perú tan sólo en 1853 adujo que dicho instrumento determinara límites entre los dos virreinatos.

El internacionalista Joaquín Caicedo Castilla, en su afamada Historia Diplomática, se ocupa también de la Real Cédula de 1802 y presenta dos interesantes estudios, uno Examen jurídico, el otro el Proceso Histórico, y demuestra la razón que ha asistido a las autoridades de la Gran Colombia, la Nueva Granada y la Colombia actual, frente a las tesis del Perú y el Brasil.

Colombia y el Uti Possidetis Juris a creación de la república de Colombia por el Libertador en Angostura, refrendada por el Congreso de Cúcuta en 1821, planteó para la nueva nación múltiples cuestiones en medio de la guerra que constituía la más alta prioridad para el Estado naciente. Entre tales materias, el establecimiento de relaciones diplomáticas con las naciones iberoamericanas en proceso de formación, revestía alta importancia dentro del pensamiento geopolítico de Bolívar.

Surgió así la conveniencia de establecer normas jurídicas que, de ser aceptadas por los distintos gobiernos, facilitarían la celebración de acuerdos para arreglar diferendos que pudiesen presentarse entre las partes. Las autoridades colombianas consideraron entonces, como lo habían hecho sus antecesoras en la Primera República, acoger el principio del Uti possidetis juris, por el cual se aceptaban las fronteras fijadas por España entre sus posesiones americanas, y vigentes el año de 1810 cuando la mayoría de las naciones hispanoamericanas iniciaron sus movimientos independentistas.

Gobernaba el Estado de Cundinamarca don Jorge Tadeo Lozano, cuando arribó a Santafé en 1811, con carácter de enviado de la Junta Suprema de Caracas, el canónigo José Cortés de Madariaga, natural de Chile y uno de los principales protagonistas del movimiento del 19 de abril de 1810 en Caracas. Con dicho personaje se firmó un tratado por el cual se aceptaba el principio del Uti possidetis juris, que por primera vez convirtió esta teoría en doctrina dentro del continente americano.

Años después el imperio del Brasil, trastrocando la esencia de este principio, adoptó el de Uti possidetis de facto, practicado por Portugal desde los días de don Manuel el Afortunado y don Pedro Alvarez Cabral. Se pasaba así de la posesión jurídica a la ocupación de hecho, lo que convenía a los intereses expansivos del Brasil. El gobierno de Colombia designó embajadores ante el de México a don Miguel Santamaría y ante los de Perú, Chile y la Argentina a don Joaquín Mosquera, quienes adelantaron positiva labor. Al respecto señala el historiador Germán Cavelier: “El genio internacional de Bolívar, Santander y Gual, no reside en haber obtenido el reconocimiento de Colombia por las grandes potencias, sino en haber sido los creadores de alianzas americanas alrededor de Colombia, ejemplo de acción internacional único en la historia de América”. En Lima, don Joaquín Mosquera firmó con don Bernardo Monteaguado, Secretario de Relaciones Exteriores del Perú, un Tratado de Unión Perpetua. La cuestión de límites territoriales se aplazó, pero quedó reconocido el principio del Uti possidetis juris de 1810.

Las provincias de Quijos, Jaén y Mainas

El gobierno del Perú convocó a elecciones en 1822, e incluyó como territorios de su jurisdicción las provincias de Quijos, Jaén y Mainas, que habían formado parte del Virreinato de la Nueva Granada desde su creación. Don Joaquín Mosquera, como representante de Colombia, reclamó y fue escuchado, por lo cual dichas provincias fueron excluidas de los comicios peruanos. Este es un antecedente importante por cuanto, años después, en 1826, se repitió la citación a elecciones en las tres provincias por el gobierno del Perú. Correspondió entonces presentar protesta formal por este hecho a don Cristóbal Armero, ministro de Colombia en el Perú, en medio de serias tensiones provocadas por la rebelión de la Tercera División colombiana en Lima, que había quedado allí después de la victoria de Ayacucho.

Guerra colomboperuana de 1829

La cuestión fronteriza con el Perú adquiere la forma de conflicto armado entre las dos naciones, hermanadas por la historia desde la Independencia, durante el gobierno del mariscal don José de la Mar, quien había comandado las fuerzas peruanas del Ejército Unido Libertador del Perú en Junín y Ayacucho.

Natural de Cuenca en el Ecuador actual, deseaba incorporar al Perú su tierra ancestral, junto con las provincias de Loja y Guayaquil. La guerra se hizo inevitable mientras en Colombia las fuerzas de ruptura que se venían gestando desde 1826, disolvían la gran patria de Bolívar y Santander. Se hallaba en Guayaquil, de regreso de Bolivia donde había renunciado a la presidencia de la joven nación, el Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre. Nombrado para comandar las fuerzas colombianas presentes en el departamento de Quito, Sucre dio una vez más demostración brillante de su talento militar, al batir en la doble batalla de Saraguro y Tarqui al ejército de La Mar, dos veces superior al suyo en efectivos materiales y humanos.

Culminó el breve conflicto con el Convenio de Girón, en el que una vez más se puso en evidencia el espíritu magnánimo de Sucre, al no exigir del vencido las reparaciones que entonces se acostumbraba para cubrir los costos de la guerra. En cambio renunciaba el Perú a nuevas demandas territoriales de Colombia por la vía armada.

El Convenio no se cumplió por el mariscal La Mar, quien se empeñó en retener a Guayaquil. Su derrota en Tarqui, sin embargo, deterioró de tal manera su prestigio en el Perú, que fue depuesto por un movimiento popular en Lima, lo que dio lugar a un Tratado de Paz, firmado en Guayaquil el 16 de septiembre de 1829, entre don Pedro Gual por Colombia y don José Larrea y Laredo por el Perú. Se aceptaba por las dos partes el principio del Uti possidetis de 1810 y se convenía designar una comisión bilateral que determinara la línea divisoria entre las dos naciones hermanas.

Pacto Mosquera-Pedemonte

El Libertador, cumpliendo lo acordado en Guayaquil, designó como enviado plenipotenciario en Lima al general Tomás Cipriano de Mosquera, quien acordó con el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, presbítero Carlos Pedemonte, el protocolo que lleva sus nombres. Este pacto definía los límites entre los dos países en forma definitiva, dentro de la doctrina del Uti possidetis de 1810, pero el documento desapareció y el Perú nunca aceptó su existencia.

La Línea Apaporis-Tabatinga

El imperio del Brasil y la república del Perú celebraron en 1851 un Tratado de Libre Navegación en el río Amazonas y en él establecían como límite entre las dos naciones la línea geodésica Apaporis-Tabatinga; vale decir un meridiano geográfico que se trazaba desde la desembocadura del río Apaporis en el río Caquetá hasta el puerto de Tabatinga en el Amazonas.

Este Tratado ofreció ventajas a ambos países. El Brasil había logrado que por medio de un tratado internacional se le reconociesen sus posesiones al oriente de la línea ApaporisTabatinga. El Perú consiguió detener el avance brasileño iniciado por os bandeirantes desde la etapa virreinal. Ese meridiano geodésico se establecía en territorios de la república de la Nueva Granada que el Perú afirmaba le pertenecían y para ello invocó la Real Cédula de 1802 que, como está dicho, establecía una jurisdicción diocesana, de orden eclesiástico, y nada tenía que ver con la segregación de territorios del Virreinato de la Nueva Granada para anexarlos al Perú.

El gobierno de la Nueva Granada no había intervenido para nada en ese Tratado, que le cercenaba extensos territorios. En 1853 arribó a Bogotá como Ministro Plenipotenciario de don Pedro II Emperador del Brasil, don Angel María Lisboa, quien presentó sus credenciales y adelantó conversaciones con el Secretario de Relaciones Exteriores don Lorenzo María Lleras. El intercambio de opiniones fue muy acelerado. Se supo que el Brasil mantenía una posición inmodificable en relación con la línea Apaporis-Tabatinga: no cedería ningún territorio al oriente del mencionado meridiano. Entre los señores Lleras y Lisboa se redactó un proyecto de tratado que para su estudio fue presentado al Congreso Nacional, el cual lo rechazó. Esta decisión del cuerpo legislativo se debió a la brillante y erudita intervención de don Pedro Fernández Madrid. Desde esta época, mediados del siglo XIX, hasta el año de 1907, continuaron las gestiones diplomáticas a fin de encontrar una solución a los problemas fronterizos entre Ecuador, Perú , Brasil y la Nueva Granada. No se obtuvo ningún resultado satisfactorio, aceptable para los cuatro países colindantes con la cuenca amazónica.

Por el Putumayo al Amazonas

Sería más acorde con la realidad histórica colombiana el haber rotulado esta nota así: Rafael Reyes y sus exploraciones amazónicas. Este insigne personaje fue el primero en establecer la navegación con buques de vapor por el río Putumayo, para alcanzar el Amazonas y los puertos del Atlántico.

La familia Reyes es originaria de Boyacá. Elías, el hermano mayor, se estableció en Popayán, donde fundó y organizó una importante empresa mercantil a la cual se involucraron más tarde algunos de sus hermanos. Rafael, nuestro personaje, cuando arribó a Popayán apenas había cumplido diez y ocho años de edad. La legendaria y señorial ciudad será el centro de sus actividades juveniles; allí contraerá matrimonio y de allí saldrá a cumplir importantísimas misiones que lo llevarán más tarde a ocupar la presidencia de la república.

Entre los negocios de la casa comercial Elías Reyes y Hermanos estaba la extracción y exportación de quina, planta silvestre originaria de la cuenca amazónica. A fin de localizar las zonas en donde se producía el mencionado vegetal, Rafael, Enrique y Néstor Reyes realizaron exploraciones en la vertiente oriental de la cordillera. Salían de Popayán y de Pasto en busca de tales plantíos. La quina se exportaba a Europa y los Estados Unidos de Norte América por los puertos del Océano Pacífico. Su transporte desde las zonas de producción al puerto de embarque, transmontando la cordillera por pésimos caminos de herradura en donde el producto se llevaba a espaldas de los cargueros nativos o a lomo de mula. Surgió la necesidad de buscar una vía que facilitase el acceso a los ríos navegables afluentes del Amazonas, por los cuales se pudiese transportar los productos al Atlántico rumbo a los mercados de consumo.

El negocio de la exportación de quina marchaba bien, mas una serie de percances de diverso orden perjudicó la empresa. Holanda e Inglaterra establecieron cultivos de quina y caucho en sus posesiones insulares de Java, Borneo y Ceilán. El Tundama se incendió. Además, hecho muy doloroso, perdió a sus dos hermanos: Enrique murió a consecuencia de las fiebres malignas propias de la selva tropical; Néstor fue devorado por una tribu de aborígenes antropófagos. La empresa se clausuró.

Las caucheras del Putumayo

En las últimas décadas del siglo XIX adquiere gran importancia comercial el negocio del caucho. El primer productor mundial es el Brasil. Esta planta es originaria de la cuenca amazónica. Su explotación estimuló la organización de factorías que utilizan como mano de obra a los indígenas descendientes de las primitivas tribus aborígenes. Esto fomentó un comercio de esclavos, por cuanto gentes llegadas a la región estimulaban las luchas entre las tribus aborígenes y al vencedor le compran los indígenas hechos prisioneros en la contienda. Ese es el ambiente que se vive en la zona. El cauchero peruano Julio César Arana y sus hermanos establecieron la denominada Casa Arana, que desalojó a los colonos colombianos dedicados al negocio de la cauchería en los territorios que bañan los ríos Igaraparaná y Caraparaná, los cuales vierten sus aguas por la margen izquierda del Putumayo. El gobierno del Perú no censuró ni prohibió los desalojos de los Aranas. Esta firma se afianzó económicamente y obtuvo la vinculación de capital inglés; así surgió la Peruvian Amazonic Company Limited. Esta compañía continuó con las mismas depredaciones ya enunciadas. Los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica y Reino Unido de la Gran Bretaña, se enteraron de las atrocidades que allí se cometían y decidieron intervenir para buscar un entendimiento entre las partes que pusiera fin a tanto oprobio.

La Cámara de los Comunes de Inglaterra designó una comisión para que investigara lo relacionado con la Peruvian Amazonic en el Putumayo. Fue nombrado director de esta comisión Sir Roger Cassement. Al respecto se produjeron varios informes y conceptos; el de los Estados Unidos se conoce como El Libro Azul; en Inglaterra la revista Truth publicó en varias entregas las crónicas del Putumayo, que luego se reunieron en un libro que se tituló Los dueños del Paraíso del Diablo; de más está aclarar que este paraíso está en la zona geográfica del río Putumayo.

Además, Sir Edward Grey, basado en los artículos de Truth y los informes de Sir Roger Cassement, quien había visitado el Putumayo en 1909, rindió su informe. Se imprimió entonces, patrocinado por la firma N. Thomson & Co., una publicación que se conoce como El libro rojo del Putumayo. En Bogotá, la casa editorial Arboleda y Valencia lo tradujo del inglés al castellano. Esta edición es al resente valiosísima pieza bibliográfica, indispensable para conocer la situación de esta parte de nuestro territorio nacional a comienzos del presente siglo.

Transcribimos textualmente un concepto que se encuentra en el prefacio del mencionado libro. Dice:

“La lectura de estas páginas demostrará la
prioridad de los derechos de Colombia. En ellas
se verá que el territorio de Colombia ha sido
usurpado por el Perú por la fuerza de las armas,
y que se han llevado a Iquitos colombianos del
Putumayo...”

Los hechos patrocinados por la Casa Arana son antecedentes de suma importancia en lo relacionado con el conflicto de Leticia (1932-1934)

Debemos agregar que las atrocidades del Putumayo adelantadas y patrocinadas por la Casa Arana con el oculto respaldo del gobierno del Perú, conmovieron la conciencia mundial. Tanto es así que Su Santidad, el Papa Pío X, en la Encíclica “Lacrimabili Status” censura ese comportamiento. Recordemos que Pío X (José Sarto 1903-1914) ha sido uno de los eminentes Pontífices de la iglesia católica, hoy se le venera en los altares, por cuanto fue canonizado el 29 de mayo de 1954 por Su Santidad Pío XII.

La cuestión diplomática

El Perú adelantó su proceso expansionista y de ocupación del territorio colombiano en varios frentes. El diplomático, cuando firmó con el imperio del Brasil el Tratado de 1851 y estableció la línea Apaporis-Tabatinga. El frente interno, cuando el 10 de marzo de 1853, creó el mando político en los territorios que ambicionaba, y al efecto expresó:

“Se erige en las fronteras de Loreto un gobierno
político y militar, independiente de la prefectura
del Amazonas y Marañón, desde los límites del Brasil,
todos los territorios y misiones comprendidos al sur
y al norte de dichos ríos, conforme el principio del
Uti possidetis adoptado en las repúblicas americanas,
y al que en este caso sirve, además, de regla la Real
Cédula de 15 de julio de 1802... “

En el frente de la realidad, al permitir y estimular la ocupación del territorio colombiano por los caucheros peruanos, cuyo principal ejecutor fue la Casa Arana.

La Confederación Granadina, los Estados Unidos de Colombia y la República de Colombia continuaron actuando en el campo internacional, manteniendo los principios que venían sustentando desde los días iniciales de la independencia patria. Al efecto, ante el gobierno de Río de Janeiro presentó don Manuel Ancízar formal protesta a nombre de Colombia de la que era plenipotenciario. Igual actitud tuvo en Lima el doctor Florentino González. En esta aguda controversia diplomática participaban Perú, Ecuador, Brasil y Colombia. El problema Perú-Ecuatoriano fue sometido en 1887 al arbitraje del Rey de España, el cual se abstuvo de pronunciar el fallo; entonces se buscó un acuerdo entre las Cancillerías, que no fue aprobado por las partes. La Cancillería colombiana propuso un acuerdo tripartita en 1894 entre Perú, Ecuador y Colombia, que fue rechazado por el Ecuador.

Se inicia el siglo XX y la situación fronteriza con Perú, Ecuador y Brasil era similar a la que existía a mediados del siglo que terminaba. Es entonces cuando llega a la presidencia de Colombia el general Rafael Reyes quien, como está dicho, conocía, como el mejor, los problemas de variado orden que se presentaban en la cuenca amazónica.

El gobierno del general Rafael Reyes inicia sus gestiones diplomáticas enviando al Brasil como embajador especial al general Rafael Uribe Uribe, quien inicia gestiones en Río de Janeiro. Adelantadas las primeras diligencias, las conversaciones continúan en Bogotá, en donde en abril de 1907 se firmó el Tratado de Límites con el Brasil. Actuó como representante de Colombia el general Alfredo Vásquez Cobo, Ministro de Relaciones Exteriores, y el doctor Eneas Martínez, plenipotenciario del Brasil. El general Vásquez Cobo es figura de singular importancia en el conflicto de Leticia. Se había convenido, en busca de un arreglo, dividir en dos sectores la frontera colombo-brasileña, al norte de la desembocadura del Apaporis y al sur de ese lugar. El tratado que ahora se firma fijaba la demarcación fronteriza al norte del Apaporis, quedando pendiente por resolver la línea Apaporis-Tabatinga. Este sector de la frontera, que no se había definido, constituirá luego uno de los impedimentos que alegará el Brasil, cuando se llegue a un acuerdo con el Perú.

En el campo de nuestras actividades diplomáticas, como consecuencia de los sucesos del Putumayo, se utilizan en estos primeros años del presente siglo, con muchísima frecuencia, unos convenios que se denominan Modus vivendi que buscan un punto de equilibrio entre tesis contrapuestas. Estos convenios, sucedió alguna vez, fueron aceptados por los plenipotenciarios y luego rechazados por los gobiernos. Mientras tanto, en Colombia el presidente, general Reyes, había renunciado y se había trasladado a Europa. Asumió la presidencia inicialmente el general Jorge Holguín. Luego la Asamblea Constituyente designó para tan alto cargo al vicepresidente, general Ramón González Valencia. La situación económica por la que atravesaba la nación, lo obligó a disminuir el pie de fuerza nacional. Esto sucedía en momentos en que el Perú se alistaba para luchar contra el Ecuador. El 7 de agosto de 1910, asumió la presidencia de la república el doctor Carlos E. Restrepo. En esta situación se presenta un hecho que conmoverá a la nación.

La Pedrera

Los variados y graves incidentes del Putumayo determinaron al general Isaías Gamboa y a algunos otros oficiales del Ejército de Colombia, a manifestar a la Asamblea Legislativa y al gobierno nacional la necesidad de establecer colonias militares en esas regiones. Las autoridades accedieron a ello y fue designado el citado oficial como comandante de una pequeña guarnición que se estableció en el sitio de La Pedrera, en la margen derecha del río Caquetá. A finales del año de 1910 salieron de Bogotá con dirección a la costa Atlántica los integrantes de dicha guarnición. Por el mar Caribe entraron al Amazonas y llegaron a La Pedrera, el 11 de abril de 1911, el general Gamboa, diez oficiales y suboficiales y cuarenta y siete soldados voluntarios. Debe registrarse que estaban por entonces vigentes entre Colombia y el Perú los convenios denominados Modus vivendi, acomodamientos transitorios, mientras se definía el problema fronterizo. A pesar de ello, tropas de infantería del Ejército del Perú, a órdenes del teniente coronel Oscar Benavides, salieron en medio del alborozo de sus conciudadanos a cumplir una misión en la zona fronteriza. El objetivo era la guarnición de La Pedrera recientemente establecida. El gobierno de Colombia, mientras tanto, decidió reforzar la mencionada guarnición Y. al efecto, envió un reducido contingente a órdenes del general Carlos G. Neira, quien con su tropa, por la vía del mar Caribe, arribó al Amazonas y llegó a Manaos el 16 de julio de 1911.

El 19 de julio de ese año, en Bogotá se firmaba un nuevo Modus vivendi por el cual Colombia podía mantener en La Pedrera una guarnición de 110 hombres. Signaban ese Convenio el doctor Enrique Olaya Herrera, Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, y don Ernesto de Tezanos Pinto, Embajador Plenipotenciario y Extraordinario del Perú ante el gobierno nacional. Debe considerarse que a ese acuerdo se había llegado después de prolongada conversación, de la cual estaban ampliamente informadas las entidades peruanas. Pese a ello, la fuerza militar que comandaba el teniente coronel Benavides continuaba su avance hacia el Caquetá; tanto fue así que una semana antes de la firma del Convenio en Bogotá, esto es el 10 de julio de 1911, se inició el ataque peruano a la guarnición colombiana de La Pedrera. Ofensiva que se desconocía en Bogotá el día en que se firmó el Convenio.

En La Pedrera se cumplieron tres días de intensa lucha. El general Gamboa, gravemente enfermo, se refugió con los pocos sobrevivientes en una localidad brasileña. Días después, el cónsul del Perú en Manaos-Brasil, al conocer el Modus vivendi firmado en Bogotá el 19 de julio, solicita al teniente coronel Benavides abandonar La Pedrera a fin de que fuese ocupada por los colombianos. Benavides se negó a acatar el Convenio.Este oficial peruano fue recibido en Lima como un héroe y años después, ascendido a mariscal, ocuparía la presidencia del Perú. El general Gamboa regresó a Colombia. Se inició un debate en el Congreso y se adelantó un proceso contra él, que culminó en 1915 cuando el presidente de la república, doctor José Vicente ******, le exoneró de los cargos que se le imputaban. Uno de los defensores de Gamboa en el Congreso había sido el general Rafael Uribe Uribe.

El Tratado Lozano-Salomón

El litigio de límites entre Colombia y el Perú continuaba, los diplomáticos de ambas naciones habían acordado someter la cuestión al arbitraje del Sumo Pontífice. Esta negociación se estancó cuando, el 3 de febrero de 1913, estalló en el Perú la sublevación, en la cual participaba el coronel Oscar Benavides, que concluyó deponiendo al presidente don Guillermo Billinghurts. Benavides fue ascendido a general y encargado de la presidencia de la república. El indiscutible prestigio político de Benavides se había originado y sustentado en el asalto a La Pedrera. En 1915 fue elegido presidente del Perú don José Pardo, quien no estaba interesado en arreglos territoriales. Lo sucedió en 1919 don Augusto B. Leguía, quien dio a su mandato un cariz dictatorial. En 1920, Colombia tomó la iniciativa nuevamente y designó como su representante en el Perú a don Fabio Lozano Torrijos, quien se entendió en Lima con don Alberto Salomón, Ministro de Relaciones del Perú. El 22 de marzo de 1922 se firmó el Tratado Lozano-Salomón.

La aprobación que al Tratado Lozano-Salomón debían impartir los respectivos congresos de Colombia y del Perú, estuvo precedida de discusiones prolongadas y difíciles en ambas corporaciones. Además de los problemas políticos propios de cada país, se presentaron las objeciones que ante el gobierno del Perú presentó la Cancillería brasileña, las cuales fueron utilizadas por los parlamentarios peruanos, contrarios al acuerdo, para dilatar su aprobación. Fue entonces cuando, por la oportuna intervención del gobierno de los Estados Unidos, se firmó en Washington, el 4 de marzo de 1925, el Acta Tripartita por los representantes de Colombia, Enrique Olaya Herrera, del Perú Hernando Valarde y del Brasil, Samuel de Souza Leao, relacionada con la línea ApaporisTabatinga. Conocido este documento, se logró la aprobación parlamentaria.

Debe anotarse como hecho de gran significación, en el campo de nuestra literatura, la publicación de La Vorágine, obra de José Eustasio Rivera, en la cual relata las atrocidades a que estaban sometidos aborígenes y colonos colombianos en esa zona de nuestro territorio, en los ríos Putumayo y Caquetá, invadida por los caucheros peruanos. Esta novela causó gran impacto y constituyó un testimonio invaluable de la situación que se vivía en el sur de Colombia en las primeras décadas de este siglo. En 1926 asumió la presidencia de la república el doctor Miguel Abadía Méndez. Durante su mandato, tanto en Lima como en Bogotá, se efectuaron los respectivos canjes de las ratificaciones del Tratado Lozano-Salomón, en marzo de 1928. Entre tanto en Río de Janeiro se venían adelantando conversaciones diplomáticas que culminaron el 15 de noviembre de ese mismo año (192 con la firma, efectuada en Río de Janeiro, del Tratado de Límites entre Colombia y Brasil, en el cual se reconocía a nuestra patria el derecho a la libre navegación del río Amazonas y al Brasil la línea Apaporis Tabatinga.

La demarcación de fronteras

Durante el año de 1928, Colombia, después de ardua y muy prolongada labor diplomática, había logrado celebrar los Tratados de Límites con el Perú y con el Brasil, culminando así, en esta parte de nuestra frontera, un problema secular que había afectado nuestras relaciones con los países vecinos de la hoya hidrográfica del Amazonas, cuya libre navegación nos había sido reconocida.

La labor diplomática había concluido. Seguía de inmediato la muy difícil tarea de demarcar las fronteras, difícil por cuanto esa línea divisoria debía trazarse en el interior de la selva tropical, carente de vías de comunicación terrestre, malsana, escasamente poblada y la mayoría de sus habitantes descendientes de las etnias aborígenes; además tan extensos territorios carecían de los recursos técnicos para la exacta determinación geográfica y topográfica que la frontera exigía.

Los tratados que se habían firmado, tanto con el Perú como con el Brasil, establecían que una vez fuesen ratificados por los respectivos gobiernos, éstos procederían a designar sus representantes para integrar con los de la otra nación la Comisión mixta que debía realizar la dispendiosa labor de determinar la línea divisoria.

La Comisión Colombiana que participaría en la delimitación con el Perú, fue designada en mayo de 1928 y puesta bajo la dirección del ingeniero Darío Rozo y como subjefe Daniel Ortega Ricaurte. Se trasladó al Perú, donde inició labores con sus colegas del país hermano en la población de Mansisen en el departamento de Loreto. A esta Comisión se integraron luego el coronel David Velilla y el mayor Angel María Diago, oficiales del Ejército colombiano.

Inicialmente, en las reuniones de Mansisen y luego en las de Iquitos, a donde se trasladaron, se convino la forma como se adelantaría la demarcación: la Comisión se dividió en dos secciones, una se ocuparía de la zona vecina al Triángulo de Sucumbíos, y la otra del Trapecio amazónico. Ambas, posteriormente, complementarían sus trabajos por información recíproca. Se instalaron catorce (14) hitos, los cuales fueron aprobados por la Comisión en pleno.

Colombia hizo entrega del Triángulo de Sucumbíos y al respecto se elaboró en Iquitos el acta correspondiente. El 31 de julio de 1930 el coronel Luis Acevedo, jefe de la frontera colombiana en el Amazonas, recibió del coronel T. Molina Darteano, prefecto del departamento de Loreto, el Trapecio amazónico. En el puerto de Leticia, a bordo de la embarcación peruana América, se firmó el acta respectiva. El coronel Acevedo de inmediato tomó posesión del mencionado territorio.

Entre tanto en Bogotá, el 9 de enero de ese mismo año (1930), se efectuaba la ratificación del Tratado de Límites de Colombia y el Brasil firmado en 1928. El gobierno nacional designó al doctor Belisario Ruiz Wilches como Jefe de la Comisión Demarcadora de Límites y como Subjefe lo fue el doctor Darío Rozo. Los recién nombrados se trasladaron a Río de Janeiro en donde iniciaron labores al finalizar diciembre de 1930. El 31 de marzo del año siguiente se reunieron las comisiones de los dos países en Manaos, donde una primera sección se hizo cargo de la determinación fronteriza, de acuerdo con el Tratado de 1907, desde la Piedra del Cocuy hasta la desembocadura del Apaporis en el río Caquetá. La otra sección debía determinar la línea Apaporis-Tabatinga. El 15 de julio de ese año (1931) salieron las comisiones de Manaos con destino a sus respectivos sectores. Al finalizar el año decidieron, de acuerdo con los términos del Tratado, consultar con sus respectivos gobiernos lo relacionado con uno de los afluentes del Apaporis, sobre el cual no se habían podido poner de acuerdo. Esta consulta demoró la demarcación de la frontera.

La invasión de los peruanos a Leticia en 1932 no suspendió la demarcación de la frontera colombo-brasileña, mas sí la retardó por cuanto el hecho afectaba un sector de la línea que se estaba trazando. En 1934 se reanudaron labores en pleno hasta finales de 1936. La sesión de clausura de la Comisión se efectuó el 5 de enero de 1937 en la ciudad de Manaos.

Ese día terminó la demarcación de nuestra frontera con el Brasil. Así se ponía fin a un problema que desde los días mismos del Descubrimiento de América se venía tratando sin haberle encontrado hasta entonces solución.

Situación en Colombia

El doctor Enrique Olaya Herrera se posesionó como presidente de la república de Colombia ante el Congreso Nacional el 7 de agosto de 1930. Debe registrarse como una positiva realidad de democracia, que fortalece el espíritu civilista de Colombia, la forma como el gobierno del doctor Abadía Méndez y el partido conservador acataron la decisión mayoritaria del electorado. La transmisión del mando se efectuó en perfecto orden, sin ningún traumatismo.

Una de las primeras preocupaciones del nuevo gobierno se relacionó con la cuestión fronteriza con el Perú. La semana anterior a la posesión del presidente Olaya Herrera, había sido recibido por el coronel Luis Acevedo el Trapecio amazónico. El presidente organizó su gabinete, designó como Ministro de Relaciones Exteriores al doctor Eduardo Santos. Al doctor Carlos Adolfo Urueta Ministro de Guerra. El súbito y lamentable fallecimiento del Ministro Urueta, ocurrido cuarenta días después de haberse posesionado, llevó a este despacho al doctor Carlos Arango Vélez, a quien reemplazó algún tiempo después el capitán Carlos Uribe Gaviria.

El gobierno que iniciaba sus labores solicitó y obtuvo del Congreso Nacional la aprobación de tratados y convenios internacionales de singular importancia. En efecto, durante la Quinta Conferencia Panamericana, celebrada en Santiago de Chile en 1924, se aprobó un pacto internacional cuya finalidad era prevenir y evitar conflictos armados entre los países hispanoamericanos; este acuerdo se denominó Convenio Gondra como homenaje a don Manuel Gondra, político y escritor natural del Paraguay. También el Congreso aprobó el denominado Pacto Briand-Kellog, por el cual la Sociedad de las Naciones, organización creada después de la Primera Guerra Mundial por los signatarios del Tratado de Versalles (1919) por iniciativa del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Woodrow Wilson, que había presentado el documento conocido como Los Catorce Puntos, origen de la mencionada sociedad, que, en 1927, presentó el Pacto BriandKellog, por el cual las naciones renunciaban al empleo de la Fuerza Armada como instrumento de persuasión política internacional. También el Congreso de Colombia aprobó el Protocolo de la Corte Permanente de la justicia Internacional. A la importancia de estas ratificaciones se sumó otro hecho de singular significación. Por intervención del gobierno argentino se reanudaron las relaciones diplomáticas con el Ecuador, suspendidas desde 1921. El doctor José María Velasco Ibarra, presidente del Ecuador, visitó a Colombia y se le brindó clamoroso y entusiasta recibimiento.

Situación en Perú

Los historiadores peruanos han designado con un curioso vocablo: Oncenio, los once años que, por segunda vez, permaneció en el poder como presidente de su nación Augusto B. Leguía. Efectivamente, triunfó en las elecciones de 1919, mas ante la posibilidad de que éstas fuesen anuladas, decidió asaltar el Palacio Presidencial y deponer de su cargo al titular don José Pardo y Barredo, a quien deportó a Europa. Así se inició este gobierno dictatorial que duraría hasta 1930. Durante él, los destierros, las ejecuciones y los actos de fuerza se combinaron con reformas y adelantos positivos. Durante el mandato de Leguía se celebraron el Tratado Lozano-Salomón con Colombia y el Tratado Rada-Figueroa con Chile, con el cual finalizó el prolongado pleito entre estas dos naciones que ocasionó la guerra entre 1879 y 1883. Los convenios con Colombia y Chile no fueron bien recibidos por la opinión pública, y la oposición creciente los utilizó para atacar y desprestigiar el mandato de Leguía.

Por extraña coincidencia, quince días después de la posesión, de Enrique Olaya Herrera como presidente de Colombia, el 22 de agosto de 1930, se sublevaba en Arequipa la guarnición militar comandada por el coronel Luis María Sánchez Cerro. Simultáneamente, en Lima era atacada la residencia presidencial. Destituido el señor Leguía, fue enviado prisionero a una isla.

El 27 de ese agosto llegaba a Lima el coronel Sánchez Cerro. De inmediato se organizó una junta de gobierno presidida por el oficial sublevado. Los actos de fuerza continuaron y provocaron la reacción popular. Se convocó a elecciones para presidente de la república y Congreso. Sánchez Cerro pretendió presentarse como candidato, intención que se vio frustrada por varios movimientos que en su contra se presentaron en distintas ciudades del Perú. Sánchez Cerro y la junta de gobierno renunciaron.

En medio de un verdadero caos político se instaló la que se denominó junta Nacional de Gobierno, que presidió don David Samanez Ocampo. Nuevas elecciones en las que se disputaron el poder presidencial la Unión Revolucionaria, cuyo candidato era Sánchez Cerro, y el Partido Aprista con Víctor Raúl Haya de la Torre. Triunfó la Unión Revolucionaria y Sánchez Cerro se posesionó de la presidencia el 8 de diciembre de 1931. El Congreso quedó constituido por una agresiva mayoría de la Unión Revolucionaria. Su primera medida fue ascender a Sánchez Cerro a general. Poco tiempo después, la dirigencia aprista era apresada y desterrada. El descontento cundía en toda la nación, y en estas circunstancias el gobierno dictatorial de Sánchez Cerro decidió explotar la inconformidad que había en el departamento de Loreto y en otras regiones. Así buscaba el apoyo nacional, que condujo a la invasión a territorio colombiano, disimulando políticamente la acción lo más posible.

La Intendencia Nacional del Amazonas

El gobierno de Colombia estuvo siempre interesado en mantener la soberanía nacional en el territorio amazónico. Fue entonces cuando se buscó a un distinguido diplomático, quien se encontraba desempeñándose como cónsul de Colombia en Saint-Nazaire, Francia, para designarle Intendente Nacional del Amazonas. El escogido para tan delicado cargo fue don Alfredo Villamil Fajardo, quien tenía amplia experiencia diplomática y además era un excelente conocedor de los problemas de la Amazonia.

En efecto, hacía algunos años se había desempeñado como cónsul de Colombia en Iquitos, la capital del departamento de Loreto.

Como cónsul apreció la condición de la Casa Arana, y por el conocimiento que tuvo de lo que pretendían rindió una serie de informes y alertó a las autoridades nacionales sobre los peligros que corría nuestra soberanía en la región del Putumayo. Esta elección del gobierno nacional fue hábilmente realizada y muy acertada. El señor Villamil Fajardo, lleno de patriotismo, decidió abandonar las riberas del Loira en la Francia apacible para trasladarse al Amazonas a asumir muy graves responsabilidades. La historia ha reconocido su patriotismo y habilidad.

Ya tenemos anotada la súbita muerte del Ministro de Guerra, doctor Carlos Adolfo Urueta. Su reemplazo, doctor Carlos Arango Vélez, tomó una de las más acertadas medidas cuando ordenó en febrero de 1932 desguarnecer a Leticia y trasladar los 35 soldados colombianos a El Encanto. De no haber sido así, la invasión peruana habría significado un triunfo militar para el Perú y la consiguiente derrota colombiana. Esto se evitó. Por lo tanto lo que aconteció en Leticia fue un caso de Policía.

Aquí terminan los antecedentes de un conflicto territorial que abarca algo más de cuatro siglos.

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Extractos del libro "Conflicto Amazónico 1932 / 1934" Villegas Editores

El Ejército

Texto de: Teniente Coronel, Luis E. Medoza Londoño.

Después de la disolución de la Gran Colombia nuestra nación se vio azotada por varias guerras civiles, generadas para imponer ideas políticas o como instrumento de caudillos para alcanzar el poder, guerras que enfrentaron a la nación en 1840, 1851, 1854, 1860, 1876, 1885, 1895 y 1899, generando algunas de ellas Constituciones que defendían e imponían intereses de partido que lastimaron cada vez más la unidad y el sentido de familia nacional.

La aspiración de los hombres de bien de tener un Ejército Nacional se vio frustrada a lo largo del siglo XIX por intereses personalistas y políticos que impidieron que éste se consolidara. Dio lugar por esta razón a montoneras sin disciplina ni organización que, aprendiendo sobre la marcha, asolaban campos y ciudades empobreciendo el país y generando venganza y lucha a muerte entre hermanos de una misma patria.

Varios intentos se hicieron por fundar una Escuela Militar: en 1841 y 1860 el general Tomás Cipriano de Mosquera. En 1883 el presidente Rafael Núñez. En 1891 don Carlos Holguín. En 1896, don Miguel Antonio Caro contrató para el efecto una misión militar francesa, pero la guerra civil de los Mil Días impidió su funcionamiento.

La Constitución de 1886, que por más de un siglo rigió los destinos de nuestra nación, consagró en su artículo 166 la creación de un Ejército Nacional. Sin embargo dos guerras más impedirían su organización, guerras que desangraron y empobrecieron la nación. El gobierno fue incapaz de imponerse y restablecer la concordia y, lo que es más doloroso, se perdió Panamá.

Organización y distribución territorial

En el informe del Ministro de Guerra al Congreso de 1898, el general Isaías Luján, Ministro, anota que el Ejército está organizado en cinco Divisiones y cinco jefaturas Militares y cuenta con diez mil hombres en una nación que tiene cinco millones de habitantes.

El 31 de diciembre de 1896, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución de 1886, se dictó la ley 167 que organizó el servicio militar obligatorio. Este proceso se vio interrumpido por la guerra civil de 1899, en la que los efectivos del Ejército llegaron a cien mil hombres. Fue la contienda más sangrienta de nuestra historia, que llevó a la nación entera a detener la barbarie y buscar la paz. Afianzada la convivencia, se consideró conveniente reducir el pie de fuerza. Para tal efecto se dictó el decreto 319 de marzo de 1903, por el cual se redujo el Ejército a 15.000 hombres, reorganizándolo en 11 Divisiones y 6 Jefaturas Militares. Más tarde, con motivo del movimiento de secesión del departamento de Panamá el 3 de noviembre de 1903, el gobierno, cumpliendo el deber de concurrir a la defensa y conservación de la integridad del territorio patrio, por decreto legislativo ordenó elevar a cien mil hombres el pie de fuerza, para lo cual llamó al servicio a todos los colombianos mayores de 18 años y menores de 60. Esta disposición no fue llevada a término porque se creyó conveniente esperar el resultado de la misión diplomática ante los Estados Unidos, con el resultado doloroso e inaceptable de la pérdida de Panamá. Esto dio más razones para organizar y preparar, ahora sí para siempre, un Ejército Nacional. A principios de 1904 se dictó el decreto 249, el cual dispuso la “reorganización y acantonamiento del Ejército, así:

Antioquia:

Una jefatura Militar.
Cuartel General: Medellín.
Batallón No. 11 Berrío, en Medellín y Manizales.

Bolívar y Magdalena:

Una División.
Cuartel General: Cartagena.
Batallón No. 5 La Popa, en Cartagena y Litumate.
Batallón No. 7 Junín, en Barranquilla y San Andrés.
Batallón No. 8 Sucre, en Santa Marta, Riohacha y San Juan de Córdova.

Boyacá:

Una División.
Cuartel General: Tunja.
Batallón No. 12 Ricaurte, en Sogamoso y Salina de Chita.
Batallón No. 13 Bolívar, en Tunja y Chiquinquirá.

Cauca:

Una División.
Cuartel General: Popayán.
Batallón No. 14 Holguín, en Cali.
Batallón No. 15 Juanambú, en Pasto.
Batallón No. 16 Albán, en Popayán.

Cundinamarca:

Una División.
Cuartel General: Bogotá.
Batallón No. 1 Calibío, en Bogotá.
Batallón No. 2 Bomboná, en Bogotá.
Batallón No. 3 Boyacá, en Bogotá.
Batallón No. 1 de Artillería, en Bogotá.
Batallón No. 2 de Artillería, en Bogotá.
Batallón No. 4 Girardot, en Zipaquirá.

Santander:

Una División.
Cuartel General: Bucaramanga.
Batallón No. 17 Ricaurte, en Bucaramanga.
Batallón No. 18 Cazadores, en Cúcuta y Ocaña.

Tolima:

Una División
Cuartel General: Ibagué.
Batallón No. 9 Zapadores del Quindío, en Ibagué.
Batallón No. 10 Córdova, en Honda.

Cada Batallón tendrá cinco Compañías de 87 hombres cada una. El Batallón No. 1 de Artillería depende del Comando del Ejército y tendrá cinco Baterías de 123 hombres cada una. Una Batería será de Ametralladoras”.

Reforma militar

En 1904 el general Rafael Reyes, insigne patriota que le había prestado grandes servicios a la nación, fue elegido presidente de la república con un programa de gobierno en el que le propuso al país un plan para reconstruirlo, restaurarlo y proyectarlo al futuro con certidumbre, ambición y grandeza. Quería la paz para hacer una nueva patria sobre las cenizas de la guerra, bajo el cuidado de un Ejército Nacional, que se convirtiera en símbolo de unidad, vigilante de su patrimonio y representante de sus glorias.

Es así como, recogiendo las dolorosas experiencias de la lucha fratricida, se propuso iniciar lo que luego se conocería por la “Reforma Militar”:

En abril de 1906 dictó el decreto 564 por el cual se dividió el territorio de la república en cuatro zonas militares, se señalaron unos sueldos y se dictaron otras disposiciones relacionadas con el ramo de guerra, entre éstas la creación de la Escuela Militar, y la contratación de una misión militar en Chile. Las cuatro zonas militares en que se dividió el país fueron:

Zona Militar del Centro, compuesta por los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Quesada, Huila, Tolima y Tundama, Intendencia Nacional del Meta, con Cuartel General en Bogotá.

Zona Militar del Atlántico, formada por los departamentos del Atlántico, Bolívar y Magdalena, las provincias de Ocaña y Río de Oro del departamento de Santander, y la provincia del Atrato del departamento del Cauca, con Cuartel General en Cartagena.

Zona Militar del Norte, compuesta por los departamentos de Galán y Santander, excepción hecha de las provincias de Ocaña y Río de Oro de este último, con Cuartel General en Bucaramanga.

Zona Militar del Sur, formada por los departamentos de Caldas, Cauca, excepción hecha de la provincia del Atrato de este último, y Nariño, con Cuartel General en Cali.


El 13 de abril de 1907 dictó el decreto 434 por el cual se organiza la Escuela Militar, la cual iniciará labores el 12 de junio de ese año. El 18 de mayo de 1907 dictó el decreto 578 creando el Batallón Modelo de Infantería y la Batería Modelo de Artillería.

El 6 de julio de 1907, mediante el decreto 793, se creó y organizó la Escuela Naval Nacional. El 20 de julio de 1907, día en que se instala formalmente la Escuela Militar, en una ceremonia solemne promulgó los decretos legislativos 831, en que concede indulto general a los incursos en delitos políticos, y el 845 con el que terminó con el reclutamiento forzoso y estableció una forma de enganche mientras se organizaba el servicio militar obligatorio.

En otra solemne ceremonia el general Reyes tomó el juramento a los cadetes y les leyó el siguiente mensaje: “El propósito del gobierno al fundar la Escuela Militar es que en ella se formen los oficiales de nuestro Ejército, sobre principios suficientemente sólidos para que hagan de él escuela de moralidad, de sobriedad, de fortaleza y disciplina. El gobierno confía en que no defraudaréis sus esperanzas y que en adelante se citará al cadete como modelo de cumplido caballero que lleva por insignia, la verdad, la franqueza y la hidalguía ... Queda oficialmente instalada la Escuela de Cadetes”.

Contó el general Reyes con el concurso de un gobierno y de un Ejército amigo, el de la República de Chile, que había formado una de las organizaciones más afamadas de nuestro continente. Gracias a la gestión del general Rafael Uribe Uribe, a quien designó embajador en Chile, y a la gallarda deferencia del gobierno chileno, aquél seleccionó entre varios oficiales a dos distinguidos capitanes, Arturo Ahumada y Diego Guillén, de gratísima recordación en los anales del Ejército de Colombia, quienes con su ejemplo de soldados estudiosos, trabajadores dedicados, profesionales de las armas y patriotas íntegros se comprometieron a organizar la Escuela Militar, a ser instructores y profesores, a fundar unidades modelo para la instrucción y el entrenamiento de los cuerpos de tropa, a organizar cursos de aplicación para oficiales, a elaborar los reglamentos orgánicos, a organizar el Estado Mayor y la Inspección General.

El 1 de mayo de 1909 se creó la Escuela Superior de Guerra que inició labores el 8 de mayo de 1910. Sus objetivos: dictar cursos de aplicación para toda la oficialidad del Ejército en busca de unificación de doctrina y procedimientos, la preparación de oficiales para el Estado Mayor y la formación de profesores militares.

Esta responsabilidad en misión tan larga y difícil se logró gracias al apoyo del Ejército de Chile, que envió misiones sucesivas integradas por distinguidos oficiales que entregaron un valioso aporte directivo a la formación profesional del Ejército hasta 1915.

Las integraron los capitanes Arturo Ahumada y Diego Guillén de 1907 a 1909, mayores Francisco Javier Díaz y Pedro Charpín de 1909 a 1911, coronel Washington Montero, capitán Pedro Vignola y capitán Manuel Aguirre de 1912 a 1914 y el capitán Carlos Sáez, quien remplazó al coronel Montero en 1914.

Contrarreforma de 1909

Con la renuncia a la presidencia presentada por el general Rafael Reyes y su decisión de ausentarse del país, abandonando la dirección del Estado en 1909, se inició una velada oposición a la reforma militar que ocasionara en el tiempo la terminación de la misión militar chilena, así como varias modificaciones en cuanto a la organización y efectivos del Ejército.

La ley 22 de 1909 redujo el pie de fuerza a 6.000 hombres, cuando empezaba a dar sus frutos la instrucción iniciada dos años antes por la misión chilena, con la formación de oficiales competentes que continuaron la labor de organización e instrucción de las unidades.

Esta ley reorganizó el Ejército determinando tres zonas militares, cada una con una División de Infantería, a la cual se agregan: un Regimiento de Caballería, un Grupo de Artillería, un Batallón de Ingenieros y un Batallón de Tren, así:

Zona 1: Cundinamarca, Tolima, Huila, Boyacá y Santander.

I. División (Efectivos: 2.844 hombres).

Brigada 1: Regimiento de Infantería Bolívar, Regimiento de Infantería Sucre.

Brigada 2: Regimiento de Infantería Ricaurte, Regimiento de Infantería Santander.

Zona 2: La costa atlántica y Antioquia.

II. División (Efectivos: 1.458 hombres).

Brigada 3: Regimiento de Infantería Nariño, Regimiento de Infantería Cartagena.

Brigada 4: Regimiento de Infantería Córdova, Regimiento de Infantería Girardot.

Zona 3: Caldas, Valle, Cauca y Nariño.

III. División (Efectivos: 1.161 hombres).

Brigada 5: Regimiento de Infantería Pichincha. Regimiento de Infantería Ayacucho.

Brigada 6: Regimiento de Infantería Boyacá, Regimiento de Infantería Junín.


En 1909 la ley 40 señaló dos maneras de incorporación al Ejército: “el llamamiento al servicio por un año después de verificado el sorteo y el enganche y reenganche voluntario”. Esta ley vino a ejecutarse en 1914, cumpliéndose lo dispuesto en la ley 167 de 1886 sobre servicio militar. Terminada la misión chilena en 1914, se efectuaron varios intentos para contratar una misión militar, esta vez con Alemania en 1915 y con Suiza en 1917, esfuerzos que fracasaron por la oposición e intervención de una prensa politizada.

Reorganización de 1919 y creación del arma aérea

En 1919, siendo presidente don Marco Fidel Suárez, se dictaron importantes leyes que contribuyeron a afianzar la reforma militar y a darle al Ejército una organización más acorde con las necesidades nacionales; entre otras la ley 91, que determinó la planta de oficiales, el pie de fuerza y la creación de nuevos batallones:

Regimiento de Caballería Rondón No. 2.

Regimiento de Caballería Cabal No. 3.

Regimiento de Caballería Guardia Nacional No. 4, destinado exclusivamente al servicio del palacio presidencial.

Regimiento de Artillería Tenerife No. 2.

Regimiento de Artillería Palacé No. 5.

Regimiento de Tren Baraya No. 2.

Regimiento de Tren Caicedo No. 3.

Elevó a la categoría de Regimientos a los Batallones de Ingenieros Caldas y Ferrocarrileros Mejía. Se contrató en Francia una misión militar de aviación. Esta misión, dirigida por el capitán Adolphe Dominique Guichard, tuvo a su cargo la preparación y asesoría de los primeros pilotos militares, creándose la primera Escuela Militar de Aviación en Flandes (Tolima), integrada por oficiales y suboficiales del Ejército, pilotos y mecánicos, la cual contó con el siguiente material para el entrenamiento:

* 3 aviones de escuela Caudron G3.
* 4 bimotores Caudron G4 de bombardeo.
* 4 aviones Newport de Caza.

Se constituirá la Aviación Militar como la quinta Arma del Ejército. Se aumentó el tiempo de servicio militar obligatorio a 15 meses para los contingentes destinados a la Infantería, a 18 meses los destinados a la Artillería, la Caballería y los Ingenieros, y a 24 meses a las destinados a tropas de Ferrocarrileros, de enganche voluntario.

Se reglamentó el reclutamiento determinando una sección por División y se fijó en cinco años el tiempo máximo de duración del servicio voluntario de los suboficiales en el Ejército.

Se adquirió en los Estados Unidos una fábrica de municiones con capacidad para atender las necesidades del Ejército, así como una fundición.

Se reglamentó el servicio de la sección de Culto (servicio religioso).

Se dictó el decreto No. 2446 de 1919, que reorganizó el Ejército y designó las guarniciones de las unidades, así:

I. División

1a. Brigada, Bogotá:

Regimiento de Infantería Bolívar número 1, en Bogotá.
Regimiento de Infantería Sucre número 2, en Flandes.
Batallón de Ferrocarrileros Mejía, en Facatativá.

2a. Brigada, Cúcuta:

Regimiento de Infantería Ricaurte número 3, en Bucaramanga.
Regimiento de Infantería Santander número 4, en Cúcuta.
Regimiento de Caballería General Páez número 1, en Sogamoso.
Regimiento de Artillería Bogotá número 1, en Bogotá.
Batallón de Tren Soublette número 1, en Chiquinquirá.
Batallón 1 del Regimiento de Ingenieros Caldas, en Bucaramanga.

II. División

3a. Brigada, Santa Marta:

Regimiento de Infantería Nariño número 5, en Ciénaga.
Regimiento de Infantería Córdova número 6, en Santa Marta.

4a. Brigada, Cartagena:

Regimiento de Infantería Cartagena número 7, en Cartagena.
Regimiento de Infantería Girardot número 8, en Barranquilla.
Regimiento de Caballería Rondón número 2, en Corozal.
Regimiento de Artillería Tenerife número 2, en Cartagena.
Batallón de Tren Baraya número de 2, en Ocaña.
Batallón 2 del Regimiento de Ingenieros Caldas, en Barranquilla.

III. División

5a. Brigada, Medellín:

Regimiento de Infantería Ayacucho número 9, en Manizales.
Regimiento de Infantería Pichincha número 10, en Cali.

6a. Brigada, Popayán:

Regimiento de Infantería Junín número 11, en Popayán.
Regimiento de Infantería Boyacá número 12, en Pasto.
Regimiento de Caballería Cabal número 3, en Palmira.
Regimiento de Artillería Palacé número 3, en Buga.
Batallón de Tren Caicedo número 3, en Neiva.
Batallón 3 del Regimiento de Ingenieros Caldas, en Ibagué.

Misión Militar Suiza

En 1924, siendo presidente el general Pedro Nel Ospina, se contrató una misión militar en Suiza integrada por el coronel Hans Georg Juchler, el teniente coronel Hans von Werdt, que sería director de la Escuela Militar de 1925 a 1927, el teniente coronel Paul Gautier, el mayor Henry Pillichody, que sería director de la Escuela Militar de Aviación, y el capitán Plinio Pesina. Esta misión desarrolló importantes labores, entre otras la reorganización y modernización del Ministerio de Guerra; se reorganizó el Ejército aumentándolo a cinco Divisiones, se reactivó la Escuela Militar de Aviación, se revisó y actualizó toda la legislación militar y los reglamentos vigentes, se construyeron cuarteles, se elaboraron normas sobre la movilización de la industria, agricultura y comercio en apoyo de la nación. En 1927 terminó su labor esta misión y regresó a su país. Al terminar el decenio de los años veinte, el Ejército colombiano funcionaba con base en el decreto 340 del 1o. de marzo de 1925, que reorganizó el Ejército Nacional y dispuso que a partir de esa fecha elevara su fuerza a cinco Divisiones, así:

I. División

Comando en Bogotá, con:

Tres Batallones de Infantería.
Un Grupo de Caballería.
Un Grupo de Artillería.
Un Batallón de Ferrocarrileros.

II. División

Comando en Barranquilla, con:

Tres Batallones de Infantería.
Un Batallón de Ferrocarrileros.

III. División

Comando en Cali, con:

Tres Batallones de Infantería
Un Grupo de Caballería.
Un Grupo de Artillería .
Un Batallón de Ferrocarrileros.

IV. División

Comando en Medellín, con:

Tres Batallones de Infantería.
Un Batallón de Zapadores.

V. División

Comando en Bucaramanga, con:

Tres Batallones de Infantería.
Un escuadrón de Caballería.

Tropas dependientes del Ministerio De Guerra:

Batallón Guardia de Honor del Presidente de la República.
Pelotón terrestre de Aviación.
Pelotón de la guardia de la Fábrica de Municiones.
Unidad especial de Infantería de la Frontera del Amazonas.
Aviación Militar y Flotilla Fluvial de Guerra.


Es conveniente reflexionar sobre la verdadera fuerza o poder de combate que sugiere la unidad operativa denominada División, a la que se refieren las disposiciones legales citadas, puesto que, según la doctrina militar vigente, tal unidad debe estar conformada por tropas de todas las Armas y dotada de suficientes elementos y servicios auxiliares que le permitan adecuada autonomía en su desempeño operativo. Semejante capacitación para el combate requiere normalmente una fuerza integrada por tres Brigadas o Regimientos de Infantería, más las unidades tácticas de apoyo especial que en cada época y país se tengan disponibles en cuanto se refiere a Caballería, Artillería, Ingenieros y otras. Los efectivos de esa fuerza operativa pueden variar dentro de un amplio margen, según los recursos humanos y económicos del país interesado, pero sin perder de vista el poder relativo de combate con respecto al adversario.

Entre los años 1925 y 1930, la reorganización del Ejército colombiano experimentaba un proceso lento. Se cumplía tan sólo en el aspecto teórico, pues, si era difícil para el país mantener un ejército de tres Divisiones de Infantería, imposible le hubiera sido aumentarlo a cinco que tuvieran un modesto poder de combate. Se piensa en modesto poder de combate porque hay que imaginarse el muy reducido tamaño de la División de Infantería colombiana para el año de 1929, puesto que el país apenas contaba con 400 oficiales y 6.000 individuos de tropa, pie de fuerza que escasamente permitía organizar cada una de las cinco Divisiones a que se refería el decreto 340 de 1925 antes citado, con una dotación promedio de 1.200 hombres.

Los efectivos determinados para cada tipo de unidad eran:

Un Regimiento de Infantería:
21 oficiales 64 suboficiales 304 soldados

Un Regimiento de Caballería:
21 oficiales 68 suboficiales 224 soldados

Un Regimiento de Artillería:
21 oficiales 64 suboficiales 232 soldados

Un Batallón de Ingenieros:
16 oficiales 48 suboficiales 189 soldados

Un Batallón de Tren:
16 oficiales 39 suboficiales 192 soldados

Un Batallón de Ferrocarrileros:
12 oficiales 38 suboficiales 156 soldados

Como se puede apreciar, el número de efectivos de cada unidad no permitía alcanzar un mínimo poder de combate para cada División y mucho menos para el Ejército en su conjunto.

Fronteras y Colonización

En 1929 terminó su labor la comisión mixta demarcadora de los límites entre Colombia y Perú determinados por el Tratado Salomón-Lozano en el año de 1922. En esa comisión participaron el coronel Luis Acevedo y el capitán Carlos Bejarano con el fin de reconocer la frontera y presentar una recomendación al gobierno respecto a la futura colonización militar determinada por éste. Como resultado, en 1930, siendo presidente Enrique Olaya Herrera, después de vencer dificultades de orden económico, el gobierno creó la Jefatura de Fronteras y la Unidad de Colonización compuesta por cuatro oficiales y cuarenta y tres soldados, tropas dependientes del Ministerio de Guerra.Con este paso se destinaron por primera vez tropas a esa lejana, desconocida y extensa frontera del Sur sobre el río Putumayo.

Reorganización de 1931

El decreto 1842 de 1931 produjo un nuevo cambio en la organización del Ejército. La unidad División, cuya composición se ha señalado anteriormente, fue reemplazada por la unidad operativa menor, llamada Brigada. Este tipo de unidad en número también de cinco, continuó el cumplimiento de las misiones que en sus respectivos territorios cumplían las Divisiones. Los Regimientos fueron reemplazados por Batallones y Grupos con las mismas misiones de aquéllos. La Brigada que se decretó y organizó, debía componerse de un elemento de comando y servicios, tres Batallones de Infantería, un Grupo de Caballería, un Grupo de Artillería y un Batallón de Ingenieros. La nueva organización disponía de un pie de fuerza de 6.000 hombres, y quedaría también corta para lograr la eficiencia requerida en una situación de guerra, puesto que los efectivos serían iguales a los contemplados para la División y los Regimientos.

El Ejército Nacional al estallar el conflicto

La repartición orgánica del Ejército y los acantonamientos de las unidades eran los siguientes para 1932:

1 a. Brigada

Comando de la 1a. Brigada, Bogotá.
Batallón de Infantería Bolívar número 1, en Tunja.
Batallón de Infantería Sucre número 2, en Bogotá.
Batallón de Infantería Bárbula número 13, en Neiva.
Grupo de Caballería Páez número 1, en Bogotá.
Grupo de Artillería Bogotá número 1, en Bogotá.
Batallón de Ferrocarrileros Mejía número 1, en Flandes.

2a. Brigada

Comando de la 2a. Brigada, Barranquilla.
Batallón de Infantería Nariño número 5, en Barranquilla.
Batallón de Infantería Córdova número 6, en Santa Marta.
Batallón de Infantería Cartagena número 7, en Cartagena.
Batallón de Ferrocarrileros Albán número 2, en Ciénaga.

3a. Brigada

Comando de la 3a. Brigada, Cali.
Batallón de Infantería Pichincha número 10, en Cali.
Batallón de Infantería Junín número 11, en Popayán.
Batallón de Infantería Boyacá número 12, en Pasto.
Grupo de Caballería Cabal número 3, en Ipiales.
Batería Palacé número 3, en Buga.
Compañía de Ferrocarrileros Soublette número 3, en Armenia.

4a. Brigada

Comando de la 4a. Brigada, Medellín.
Batallón de Infantería Girardot número 8, en Medellín.
Batallón de Infantería Ayacucho número 9, en Manizales.
Batallón de Infantería Bomboná número 14, en Líbano.
Batallón de Zapadores Caldas número 1, en Ibagué.

5a. Brigada

Comando de la 5a. Brigada, Bucaramanga.
Batallón de Infantería Ricaurte número 3, en Bucaramanga.
Batallón de Infantería Santander número 4, en Cúcuta.
Batallón de Infantería García Rovira número 15, en Pamplona.
Escuadrón de Caballería Maza número 5, en Concepción.

Tropas dependientes del Ministerio de Guerra:

Una jefatura de Frontera del Amazonas.
Una Compañía de Colonización en la región del Amazonas.
Un Pelotón guardia de la Fábrica de Municiones.
Un Pelotón Terrestre de Aviación.
La Aviación Militar integrada por 12 aviones, ubicados en Madrid (Cundinamarca), así: 8 Wild, suizos, de entrenamiento, 3 Curtiss Fledgling y un Curtiss Hawk.

Las flotillas fluviales de guerra eran:
Flotilla del río Magdalena, integrada por el cañonero Presidente Mosquera y el cañonero Barranquilla.
Flotilla de los ríos Amazonas y Putumayo, integrada por el cañonero Cartagena y el cañonero Santa Marta.

Armamento

Desde principios de 1928, había iniciado el gobierno negociaciones con algunas fábricas europeas para la adquisición de armamentos, municiones y otros elementos, con el fin de dotar al Ejército de material mínimo necesario para su desempeño, afortunada gestión que, pese a la oposición de sectores de prensa y políticos, se llevó a cabo.

Para 1932 habían llegado al país:

* 5.000 fusiles Mauser modelo 1924.
* 10 ametralladoras pesadas cal. 7mm Schwarzlose.
* 2 fusiles ametralladoras gemelos Madsen, para la aviación.
* 2 fusiles ametralladores Madsen para infantería.
* 1.000 granadas para los cañones Ehrhardt.
* 8 aviones de observación y combate Wild, equipados con ametralladoras Darne.
* 4 aviones Curtiss, dos de ellos anfibios.
* 3 cañoneros, construidos por la Casa Yarrow y Co. Ltda de Inglaterra, equipados con cañones Bofors y ametralladoras Schwarzlose, de último modelo.
* Repuestos y accesorios para los fusiles y carabinas Mauser modelo 1912, de dotación del Ejército desde 1914.

La llegada de estos elementos resultará afortunada, pero insuficiente para atender una situación de conflicto internacional.

En cuanto a material de artillería se contaba con unos pocos y anticuados cañones:

* 4 Bange.
* 6 Maxim.
* 2 Krupp, los cuales apenas tenían munición.
* 4 cañones Erhardt adquiridos en 1914.

Calidad Profesional De Mandos Y Tropas

La reforma militar de 1907, así como la labor desarrollada por las misiones chilenas y la misión suiza mencionadas, consolidaron la formación de un Ejército Nacional que en 1932 contaba ya con un cuerpo de oficiales preparado que desarrollaba la misión de formación de la tropa y organización de los batallones en forma homogénea y disciplinada. Se habían dictado, además, leyes que determinaban la organización, la ubicación de las unidades, el número de efectivos, el servicio militar, sus dotaciones, etc., que constituían un avance en todo lo relacionado con la legislación militar. Es oportuno citar al capitán Carlos Uribe Gaviria, Ministro de Guerra, quien en 1933 afirma: “La reforma militar iniciada en 1907 determinó en la historia militar del país un período de gran trascendencia. En el lapso comprendido desde la fecha indicada hasta el año 1932, los trabajos de preparación de nuestra institución armada se desarrollaron silenciosamente, sin que hubiera empeño alguno especial por parte de los órganos del Estado o de las diversas agrupaciones sociales para dar incremento al perfeccionamiento de aquella institución”.

Hay que anotar los factores que incidieron para restar eficiencia y poder de combate al Ejército en el cumplimiento de su misión primordial de garantizar la soberanía nacional: Las leyes dictadas fueron cumplidas sólo parcialmente y, además, las mismas no atendían las necesidades reales del país de contar con un Ejército proporcional a la población y a la extensión territorial de la nación.

Una nación que para la época tenía aproximadamente nueve millones de habitantes, había fijado desde 1909 su pie de fuerza en 6.000 hombres, cantidad insuficiente para atender las necesidades internas o externas, en caso de conflicto.

Con la creación de la Escuela Militar de Cadetes se dio comienzo a la formación de oficiales subalternos del Ejército. Graduaba de 12 a 30 oficiales por año, número que no cubría las necesidades de las unidades tácticas establecidas en la organización. No se habían creado las Escuelas de Aplicación de las Armas (Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros), lo cual afectaba negativamente la instrucción y el entrenamiento de suboficiales y soldados para la guerra. La organización establecida, inicialmente basada en la unidad División y luego en la unidad operativa menor, Brigada, nunca alcanzó el número mínimo de efectivos necesarios, ni se completó ni se modernizó su dotación y armamento. La localización de unidades ordenada por la ley obedecía más a la necesidad de ubicarlas en distintas ciudades para atender la situación de orden público interno y no a la concepción estratégica de defensa nacional contra un enemigo externo.

El servicio militar obligatorio, dispuesto por la ley 167 de 1896 y la ley 40 de 1909, apenas vino a cumplirse en 1914 y en forma muy deficiente, ya que la incorporación de jóvenes se hizo solamente dentro de las clases obrera y campesina, evadiendo los estratos sociales medio y alto la obligación militar, lo que afectó la disponibilidad de reservas para una movilización en caso de conflicto. No obstante lo negativo de la situación que afectó la instrucción y el entrenamiento de las tropas, más la escasez de jefes y comandantes preparados para la guerra, el Ejército Nacional dispuso en 1932 de oficiales, suboficiales y soldados que, con ejemplar patriotismo, espíritu de superación y sacrificio, cumplieron su deber como integrantes de las fuerzas terrestres, fluviales y aéreas organizadas y destinadas a la extensa frontera sur.