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Mariano Ignacio Prado: El presidente que desertó del Perú el día de su cumpleaños (I)

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  • Mariano Ignacio Prado: El presidente que desertó del Perú el día de su cumpleaños (I)

    Mariano Ignacio Prado: El presidente que desertó del Perú el día de su cumpleaños.- La traición del capitalista original del oligárquico Imperio Prado

    Escribe: César Vásquez Bazán

    Texto completo e imágenes: http://cavb.blogspot.com/2010/07/mar...dente-que.html


    “El viaje del general Prado no significa más que una vergonzosa deserción.”
    El Comercio, Lima, 19 de diciembre de 1879 (1).


    El jueves 18 de diciembre de 1879, alrededor de las 4 de la tarde, el presidente en ejercicio del Perú, Mariano Ignacio Prado, abandonó el país con rumbo a Panamá. Desertó de sus funciones tras ocho meses de fracasos en la guerra con Chile y en medio del correspondiente descontento popular. Usando el nombre falso John Christian (2) fugó en el vapor-correo Paita, de la compañía inglesa Pacific Steam Navigation Company, cuya partida hizo demorar de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde con el fin de posibilitar su embarque (3) Prado huyó del país el día que cumplía 53 años de edad.

    Mariano Ignacio Prado partió del Perú sin aviso previo y sin levantar sospecha que fugaría. Así lo informó el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos en el Perú, Isaac P. Christiancy, en comunicación al Secretario de Estado de los Estados Unidos, William M. Evarts. Durante la mañana y el mediodía del día 18 de diciembre, el presidente despachó como de costumbre en el Palacio de Gobierno, recibiendo el saludo de cumpleaños de funcionarios civiles y militares. A las 3:05 de la tarde abordó en la Estación de Desamparados el tren al Callao, en compañía del presidente del Consejo de Ministros y ministro de Guerra Manuel González de La Cotera y de Adolfo Quiroga, ministro de Justicia e Instrucción. Cuando llegó al Callao, la gente que lo vio creyó que estaba de visita para inspeccionar el cuartel y fortificación del puerto.


    Carta del embajador de EE.UU., Isaac P. Christiancy, al Secretario de Estado Evarts informando sobre la deserción del presidente Prado (4). Christiancy remarca que la resolución del Congreso utilizada por Prado para su viaje lo autorizaba a comandar los ejércitos peruanos en los países al sur del Perú (Bolivia y Chile). La misiva está fechada 23 de diciembre de 1879. Haga clic sobre la imagen para ampliarla en una nueva ventana.



    Despedida del desertor

    Al escapar del país en guerra del cual era presidente, Mariano Ignacio Prado dirigió la siguiente proclama (3). El documento circuló en Lima la noche de su abandono de funciones, es decir el 18 de diciembre de 1879. Nótese que en el último párrafo, el fugitivo asegura que regresará “oportunamente” al Perú:
    Proclama de Prado hecha circular el 18 de diciembre de 1879, día de su deserción. Haga clic sobre la imagen para ampliarla en una nueva ventana.


    El encargo de la presidencia

    Junto con la anterior proclama, Prado hizo circular un decreto en el que encargó la presidencia del país al vicepresidente general Luis La Puerta, un hombre de 68 años de edad y que era voz populi que se encontraba enfermo. El decreto fue el siguiente:


    Decreto redactado por el propio Prado encargando el ejercicio de la presidencia de la república al vicepresidente, general La Puerta. Nótese en el documento la firma de Manuel González de la Cotera (Presidente del Consejo y Ministro de Guerra). También suscribieron el instrumento legal los ministros Buenaventura Elguera (Gobierno), Adolfo Quiroga (Justicia e Instrucción) y José María Químper (Hacienda). La inclusión de éste último implica que el viaje de Prado originó erogaciones al Fisco Peruano. Haga clic sobre la imagen para ampliarla en una nueva ventana.



    El pretexto de la fuga

    Prado intentó justificar su salida del país basándose en la supuesta necesidad de efectuar personalmente en Estados Unidos y Europa las gestiones para la compra de armamentos y la adquisición de una escuadra.

    En carta a sus amigos, fechada en Guayaquil el 22 de diciembre de 1879 y publicada en El Comercio seis días después, el presidente-desertor explicó las razones de su viaje. Indicó que los informes recibidos en Palacio de Gobierno desde Europa describían la rivalidad entre los agentes comisionados para la compra de los barcos de guerra, pugna que impedía la adquisición de la escuadra.

    Escribió Prado que en su decisión de viajar influyeron las siguientes consideraciones: “1) Que mi presencia allí y lo que tenía que hacer no era tan esencial que no pudiera ser reemplazado por el vicepresidente, al paso que mi venida era de la mayor importancia porque lo que no hiciera yo no lo haría ningún otro. 2) Que no debía omitir esfuerzo ni sacrificio alguno para conseguir los elementos que necesitamos, mucho más no habiéndose conseguido hasta hoy y pudiendo acaso conseguirlos yo, usando de mi alta representación, plenas facultades y relaciones personales. 3) La oportunidad de poder reunir las personas y recursos para subordinarlos todos a mi voluntad a fin de alcanzar el objetivo que me propongo. 4) La de que con mi venida nada se arriesgaba ni perdía gran cosa, siendo así que ella podría proporcionarnos lo que hace tiempo buscamos para contrarrestar y vencer al enemigo”.

    A pesar que con la retirada de Tarapacá, en noviembre de 1879, el Perú ya había perdido los yacimientos salitreros, Prado abusó de dicho argumento. Escribió en su carta –mañosamente– que se vio obligado a salir de improviso del Perú debido a la urgencia de entregar a los acreedores el guano y el salitre antes que los chilenos se apoderasen de ellos.

    Finalmente, reconoció que se fue del país de manera encubierta para no ser apresado por los chilenos y “para evitar discusiones y opiniones cuyo resultado, en la excitación en que los ánimos se encuentran, hubiera podido contrariar mi marcha y originar bullas y escándalos”.

    La versión de Prado sobre los motivos de su fuga fue confirmada en el Manifiesto a los hombres de bien escrito por su ministro de Hacienda José María Químper (5).

    La supuesta licencia del Congreso para el viaje de Prado

    Mariano Prado defendió la viabilidad legal de su viaje acudiendo a la resolución del Congreso del 9 de mayo de 1879, en la que se le concedió “licencia al Presidente de la República para que, si lo juzga necesario, pueda mandar personalmente la fuerza armada y salir del territorio nacional”.

    Dicha resolución fue adoptada en mayo de 1879 –a un mes y cuatro días de iniciada la guerra– cuando Prado y los parlamentarios suponían que bajo su mando directo –in situ– las fuerzas armadas del Perú realizarían un avance arrollador sobre el enemigo. Como Director de la Guerra, se daba por descontado que el falso “héroe del 2 de mayo” tendría que ingresar a los territorios de Bolivia y Chile, persiguiendo al enemigo en fuga. Es con ese fin exclusivo –comandar las fuerzas peruanas en el exterior– que el Congreso aprobó la salida de Prado del territorio nacional. Nótese, además, que la redacción del documento usa la expresión "salir del territorio nacional" y no la frase "viaje al exterior".

    Por las anteriores consideraciones puede afirmarse que el viaje de Prado asumió el carácter de deserción. El presidente recibió autorización del Congreso para “mandar personalmente la fuerza armada y salir del territorio nacional”. No recibió autorización para “salir del territorio nacional con el fin de comprar armamentos”.

    Al fugar del país, Mariano Prado violó el artículo 95 de la Constitución Política del 10 de noviembre de 1860, que prescribía que el Presidente no podía salir del territorio de la República durante el periodo de su mando sin permiso del Congreso. El propio lector puede analizar la resolución del 9 de mayo de 1879, que se presenta a continuación:


    Resolución del 10 de mayo de 1879 confiriendo licencia al presidente Prado para que, “si lo juzga necesario, pueda mandar personalmente la fuerza armada y salir del territorio nacional”. Haga clic sobre la imagen para ampliarla en una nueva ventana.

    Falsedad de la justificación de Prado

    Resulta extraño que muchos peruanos hayan aceptado sin cuestionarla la excusa de la supuesta adquisición de armamentos usada por Mariano Ignacio Prado para fugarse del país. Como demostraremos a continuación, el argumento esgrimido por Prado no soporta el análisis más elemental.

    En primer término, y por más servil a Prado que hubiera sido el Congreso de 1879, este organismo no podría haber aprobado una licencia para el viaje al extranjero del presidente con el fin de comprar armamento, estando el Perú envuelto en una difícil guerra. No era apropiado ni indispensable que el primer mandatario abandonase el territorio nacional. Por más desorganizado que hubiese estado el país, el Perú de 1879 contaba con personal diplomático, funcionarios civiles y militares, e inclusive empresas privadas que estaban responsabilizadas de sus adquisiciones bélicas, incluyendo las compras de urgencia.

    En Estados Unidos, la principal empresa compradora de armas para el Perú fue la Casa Grace. En 1876, el presidente Prado nombró a W. R. Grace & Co. como agente oficial del Gobierno Peruano en San Francisco y Nueva York (6). Se estima que entre mayo de 1879 y agosto de 1880, la Casa Grace adquirió armamento y material de guerra para el Perú por un importe mínimo de US$3,200,000. Entre el equipamiento adquirido se encontraban los famosos torpedos Lay, los lanzadores Herreschoff, fusiles y municiones (7). Por su lado, como enviado del gobierno, el capitán de navío Luis Germán Astete adelantó las gestiones para la adquisición de un blindado en Nueva York. Sin embargo, no obtuvo el financiamiento necesario (.

    En Panamá, el agente oficial del Perú fue Federico Larrañaga quien contó con el apoyo de B. Mozley, superintendente del puerto de Panamá y hombre al servicio de la Grace. Furth & Campbell, firma con sede en Panamá, también al servicio de Grace, era la autorizada para transportar los envíos. José Carlos Tracy, encargado de negocios del Gobierno en Washington y hombre de confianza de Prado, estaba al tanto de todos las adquisiciones clandestinas de armas efectuadas en los Estados Unidos para el Perú. En Londres, el agente financiero del Gobierno al cuidado de las compras fue José Canevaro; en Italia, el ministro Luciano Benjamín Cisneros (9).

    En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que Estados Unidos y los países europeos –a los cuales supuestamente se dirigía Prado– tenían la obligación de honrar su status de naciones neutrales en el conflicto entre Perú y Chile. Ello implicaba que ni Estados Unidos ni las potencias europeas deberían efectuar venta de armas, municiones, pertrechos o naves militares a ninguna de las naciones en litigio.

    Para efectuar las compras de armamento encargadas por el Gobierno, la astuta Casa Grace procedía en Estados Unidos de manera disimulada. Por ejemplo, una remisión de mil fusiles al Perú fue descrita por Grace en la factura comercial como “maquinaria agrícola”; los cartuchos para dichos fusiles fueron escondidos en el interior de barriles de manteca de cerdo. El envío de una lancha torpedera Herreschoff, de difícil detección nocturna, apareció en los documentos de embarque como si el comprador fuera la Compañía Cargadora del Perú, empresa satélite propiedad de la misma Grace, que usaría dicha lancha para la explotación del guano de las islas (10). Los torpedos eran embarcados camuflados dentro de rollos de hule que sólo tenían de ese material las hojas exteriores. Muchas veces, los transportes de Furth & Campbell creyeron estar llevando al Perú maquinarias e insumos, sin percibir que el contenido real de la carga eran armamentos y municiones. Sin embargo, el superintendente Mozley en Panamá siempre supo el contenido de la carga en tránsito a nuestro país (11).

    Si se considera la restricción vinculada a la neutralidad de las naciones fabricantes de armamentos, hubiera sido contraproducente para el país que su propio presidente se presentase personalmente en los mercados proveedores con el fin de adquirir armamentos. Tan torpe acción hubiera puesto en evidencia que las naciones vendedoras de material bélico estaban en tratos con el Gobierno del Perú, violando el principio de neutralidad al que deberían adherirse.
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