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Mariano Ignacio Prado o el ladrón.- Sus servicios a Chile y sus negociados en la compra de armas, el contrato Raphael y los sobornos de Meiggs y Grace
http://cavb.blogspot.com/2010/09/mar...*****-sus.html
Parte I
“La Lechería Peruana”, caricatura que representa la corrupción imperante en 1867 durante la presidencia de Mariano Ignacio Prado. Prado aparece teniendo bajo su control a la vaca del erario fiscal. La caricatura es de J. J. Rasoir y fue publicada en el tercer número de 1867 del diario “La Campana”, página 4. Reproducida por Quiroz (2009, Figura 7, entre las páginas 180 y 181).
"******* que abandona el poder para salvar la vida,
ladrón que se escurre por llevarse el talego…"
Manuel Gonzalez Prada (1985, 449)
Cuando el 18 de diciembre de 1879 Mariano Ignacio Prado desertó las funciones de presidente del Perú, su decisión de fugar fue determinada no sólo por el desastre militar ante Chile y el temor a la explosión popular dirigida a castigar la cobardía y traición del Director Supremo de la Guerra. Tanto o más que las causales mencionadas, influyó en su conducta el deseo de disfrutar de la riqueza que había logrado acumular utilizando en provecho propio el desempeño de la presidencia de la república en cuatro oportunidades.
Como señaló acertadamente Vicuña Mackenna (1880, 349), el afortunado mortal que llega a la presidencia del Perú “pasa a ser dueño del porvenir y de sus dones”. Es así por la mentalidad de saqueo y la actitud de asalto de cada nuevo gobernante, y por el ambiente de corrupción aceptada que impera en la sociedad. Contribuyó también a la podredumbre moral de los políticos la vigencia de la Constitución de 1860, que dispuso que el eventual órgano fiscalizador, es decir el Congreso, sólo debería reunirse cada dos años y por el breve período de cien días útiles.
Peruanos y extranjeros señalaron la gravedad del problema de la corrupción. Entre los primeros puede citarse a José Arnaldo Márquez (1888, 2) quien denunció que en nuestro país, “personajes prominentes no perdían de vista las cajas del Estado, para formar o para restablecer su fortuna personal”. Manuel González Prada (1985, 460) recordaba que “nada debe sorprendernos en un país donde la corrupción corre a chorro continuo, donde se vive en verdadera bancarrota moral… Admira que en las cotizaciones de la Bolsa no figure el precio corriente de un ministro, de un juez, de un parlamentario, de un regidor, de un prefecto, de un coronel, de un periodista”.
En el segundo grupo de observadores debe recordarse al viajero de la época que escribió respecto a las instituciones peruanas de la segunda mitad del siglo XIX: “En cuanto al robo –nos referimos no a aquel que puede considerarse como robo de menor cuantía sino a la gama de delitos mayores y atroces– puede afirmarse con seguridad que casi todos los hombres públicos [del Perú] están hundidos hasta el cuello en este crimen” (Duffield 1877, 16). La anterior declaración fue compartida por el representante de los tenedores ingleses de bonos de la deuda peruana: “Los sobornos y la corrupción en el Perú no tienen parangón, inclusive en Sudamérica” (Clarke 1877, 119).
Mariano Ignacio Prado encaja a la perfección en las descripciones anteriores. Prado es el mayor exponente de la rapiña y el cohecho, la estafa y el cinismo, que castigaron al Perú entre los años 1865 y 1879. Es la encarnación purulenta de las acusaciones de Márquez, González Prada, Duffield y Clarke.
A lo largo de los cinco años y siete meses que desempeñó la primera magistratura, el desertor Prado no perdió oportunidad para utilizar el poder en provecho propio. Dispuso la emisión de decretos, la firma de contratos y la realización de operaciones por las que recibió sobornos y favores de los afortunados beneficiarios. No desaprovechó ocasión pequeña ni grande para obtener cohechos de las partes que contrataban con el Estado, sean éstas Henry Meiggs o William Grace, los consignatarios del guano o los proveedores de carne para las tropas peruanas. José María Químper, abogado de su más entera confianza y uno de sus principales operadores políticos, fue el principal receptor de los sobornos entregados por Henry Meiggs. Habiendo recibido paga del gobierno de Chile –en su condición de general de división del ejército de ese país– Prado se fue a la tumba sin haber podido levantar las sospechas de haber sido agente chileno y de haber desviado en su favor parte de los fondos recaudados en la colecta pública de 1879 organizada para la compra de armamento.
El presente artículo pretende demostrar que la conducta de corrupción en la dirección del Estado rindió resultados positivos para las faltriqueras de Mariano Ignacio. Entre los signos de riqueza del presidente desertor puede mencionarse el costoso rancho de su propiedad en Chorrillos, la casa en París, las inversiones en minería del carbón en Chile, la crianza de caballos de pura sangre, las inversiones en la Empresa Transmisora de Fuerza Eléctrica de Lima, en la Compañía de Tranvías de Lima y en la Fábrica de Tejidos Santa Catalina. Sin embargo, la cuota más importante de sus negociados estuvo destinada a constituir la “herencia significativa” que dejó a sus descendientes (Gilbert 1981, 74
. Sobre dicho legado fue que se erigió en el Perú del siglo XX ese cáncer oligárquico que se denominó Imperio Prado. Sin duda, el enriquecimiento obtenido mediante el asalto del Estado fue un logro notable para un individuo que antes de ingresar a la escena política peruana sólo poseía un fundo en Huánuco, del cual era copropietario con otros familiares.
Es por ello de extrañar la opinión de Gilbert cuando escribió que “los detalles disponibles del desarrollo económico inicial de la familia [Prado] son imprecisos” (Gilbert 1981, 74. Los pormenores del enriquecimiento del primer Prado –el Mariano Ignacio Prado del oprobio como lo llamara González Prada– existen. Están allí, esperándonos para contarnos su verdad, desparramados en la historia del Perú de la segunda mitad del siglo XIX.
Entre los actos de corrupción que contribuyeron al enriquecimiento de Mariano Ignacio Prado, existen siete episodios en los que se cuenta con evidencia o indicios razonables de recepción de sobornos o comisión de desfalco por el presidente desertor y/o sus amigos y ministros. Dichos capítulos de la podredumbre política peruana comienzan con los servicios prestados por Prado como agente chileno, y continúan con los malos manejos en la compra de los monitores fluviales Manco Capac y Atahualpa, el negociado en el contrato Raphael, los sobornos pagados a Prado por Henry Meiggs y William R. Grace, el fraude en la compra de carne para el ejército del sur durante el conflicto con Chile, y el desfalco de la colecta pública de 1879 destinada a sufragar los gastos para la adquisición de armamento para la guerra con Chile.
Para que el lector pueda formarse una idea aproximada del valor actual de los negociados de Prado, puede estimarse que un dólar de 1879 tenía un poder adquisitivo de 22.20 dólares del año 2009. La fuente de esta estimación es Measuring Worth. Asimismo, en 1879 el sol y el dólar se cambiaban casi a la par: debía pagarse 1.08 soles por dólar.
http://cavb.blogspot.com/2010/09/mar...*****-sus.html
Parte I
“La Lechería Peruana”, caricatura que representa la corrupción imperante en 1867 durante la presidencia de Mariano Ignacio Prado. Prado aparece teniendo bajo su control a la vaca del erario fiscal. La caricatura es de J. J. Rasoir y fue publicada en el tercer número de 1867 del diario “La Campana”, página 4. Reproducida por Quiroz (2009, Figura 7, entre las páginas 180 y 181).
"******* que abandona el poder para salvar la vida,
ladrón que se escurre por llevarse el talego…"
Manuel Gonzalez Prada (1985, 449)
Cuando el 18 de diciembre de 1879 Mariano Ignacio Prado desertó las funciones de presidente del Perú, su decisión de fugar fue determinada no sólo por el desastre militar ante Chile y el temor a la explosión popular dirigida a castigar la cobardía y traición del Director Supremo de la Guerra. Tanto o más que las causales mencionadas, influyó en su conducta el deseo de disfrutar de la riqueza que había logrado acumular utilizando en provecho propio el desempeño de la presidencia de la república en cuatro oportunidades.
Como señaló acertadamente Vicuña Mackenna (1880, 349), el afortunado mortal que llega a la presidencia del Perú “pasa a ser dueño del porvenir y de sus dones”. Es así por la mentalidad de saqueo y la actitud de asalto de cada nuevo gobernante, y por el ambiente de corrupción aceptada que impera en la sociedad. Contribuyó también a la podredumbre moral de los políticos la vigencia de la Constitución de 1860, que dispuso que el eventual órgano fiscalizador, es decir el Congreso, sólo debería reunirse cada dos años y por el breve período de cien días útiles.
Peruanos y extranjeros señalaron la gravedad del problema de la corrupción. Entre los primeros puede citarse a José Arnaldo Márquez (1888, 2) quien denunció que en nuestro país, “personajes prominentes no perdían de vista las cajas del Estado, para formar o para restablecer su fortuna personal”. Manuel González Prada (1985, 460) recordaba que “nada debe sorprendernos en un país donde la corrupción corre a chorro continuo, donde se vive en verdadera bancarrota moral… Admira que en las cotizaciones de la Bolsa no figure el precio corriente de un ministro, de un juez, de un parlamentario, de un regidor, de un prefecto, de un coronel, de un periodista”.
En el segundo grupo de observadores debe recordarse al viajero de la época que escribió respecto a las instituciones peruanas de la segunda mitad del siglo XIX: “En cuanto al robo –nos referimos no a aquel que puede considerarse como robo de menor cuantía sino a la gama de delitos mayores y atroces– puede afirmarse con seguridad que casi todos los hombres públicos [del Perú] están hundidos hasta el cuello en este crimen” (Duffield 1877, 16). La anterior declaración fue compartida por el representante de los tenedores ingleses de bonos de la deuda peruana: “Los sobornos y la corrupción en el Perú no tienen parangón, inclusive en Sudamérica” (Clarke 1877, 119).
Mariano Ignacio Prado encaja a la perfección en las descripciones anteriores. Prado es el mayor exponente de la rapiña y el cohecho, la estafa y el cinismo, que castigaron al Perú entre los años 1865 y 1879. Es la encarnación purulenta de las acusaciones de Márquez, González Prada, Duffield y Clarke.
A lo largo de los cinco años y siete meses que desempeñó la primera magistratura, el desertor Prado no perdió oportunidad para utilizar el poder en provecho propio. Dispuso la emisión de decretos, la firma de contratos y la realización de operaciones por las que recibió sobornos y favores de los afortunados beneficiarios. No desaprovechó ocasión pequeña ni grande para obtener cohechos de las partes que contrataban con el Estado, sean éstas Henry Meiggs o William Grace, los consignatarios del guano o los proveedores de carne para las tropas peruanas. José María Químper, abogado de su más entera confianza y uno de sus principales operadores políticos, fue el principal receptor de los sobornos entregados por Henry Meiggs. Habiendo recibido paga del gobierno de Chile –en su condición de general de división del ejército de ese país– Prado se fue a la tumba sin haber podido levantar las sospechas de haber sido agente chileno y de haber desviado en su favor parte de los fondos recaudados en la colecta pública de 1879 organizada para la compra de armamento.
El presente artículo pretende demostrar que la conducta de corrupción en la dirección del Estado rindió resultados positivos para las faltriqueras de Mariano Ignacio. Entre los signos de riqueza del presidente desertor puede mencionarse el costoso rancho de su propiedad en Chorrillos, la casa en París, las inversiones en minería del carbón en Chile, la crianza de caballos de pura sangre, las inversiones en la Empresa Transmisora de Fuerza Eléctrica de Lima, en la Compañía de Tranvías de Lima y en la Fábrica de Tejidos Santa Catalina. Sin embargo, la cuota más importante de sus negociados estuvo destinada a constituir la “herencia significativa” que dejó a sus descendientes (Gilbert 1981, 74
. Sobre dicho legado fue que se erigió en el Perú del siglo XX ese cáncer oligárquico que se denominó Imperio Prado. Sin duda, el enriquecimiento obtenido mediante el asalto del Estado fue un logro notable para un individuo que antes de ingresar a la escena política peruana sólo poseía un fundo en Huánuco, del cual era copropietario con otros familiares.Es por ello de extrañar la opinión de Gilbert cuando escribió que “los detalles disponibles del desarrollo económico inicial de la familia [Prado] son imprecisos” (Gilbert 1981, 74
. Los pormenores del enriquecimiento del primer Prado –el Mariano Ignacio Prado del oprobio como lo llamara González Prada– existen. Están allí, esperándonos para contarnos su verdad, desparramados en la historia del Perú de la segunda mitad del siglo XIX.Entre los actos de corrupción que contribuyeron al enriquecimiento de Mariano Ignacio Prado, existen siete episodios en los que se cuenta con evidencia o indicios razonables de recepción de sobornos o comisión de desfalco por el presidente desertor y/o sus amigos y ministros. Dichos capítulos de la podredumbre política peruana comienzan con los servicios prestados por Prado como agente chileno, y continúan con los malos manejos en la compra de los monitores fluviales Manco Capac y Atahualpa, el negociado en el contrato Raphael, los sobornos pagados a Prado por Henry Meiggs y William R. Grace, el fraude en la compra de carne para el ejército del sur durante el conflicto con Chile, y el desfalco de la colecta pública de 1879 destinada a sufragar los gastos para la adquisición de armamento para la guerra con Chile.
Para que el lector pueda formarse una idea aproximada del valor actual de los negociados de Prado, puede estimarse que un dólar de 1879 tenía un poder adquisitivo de 22.20 dólares del año 2009. La fuente de esta estimación es Measuring Worth. Asimismo, en 1879 el sol y el dólar se cambiaban casi a la par: debía pagarse 1.08 soles por dólar.
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