El agente chileno Mariano Ignacio Prado
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El análisis de la dinámica histórica del Perú y Chile en 1865, respondiendo ambos países a la agresión española, permite concluir que el rol jugado por Prado fue el de promover y defender los intereses de Chile.

La relación de cercanía política y militar entre el país del sur y Mariano Ignacio Prado está comprobada por su aceptación del grado de general de división del ejército de ese país. El 17 de agosto de 1866, el gobierno de Chile confirió a Prado el referido despacho “con los honores y preeminencias anexas a él” y con el goce del “sueldo correspondiente mientras resida o permanezca en Chile”. Según lo explicó la ley chilena, el nombramiento de Prado en tan alto cargo obedeció a “su noble actitud en la actual guerra con España”. Otro cumplido servidor de Chile –el presidente boliviano Mariano Melgarejo– compartió con Prado el reconocimiento del país del sur por los servicios prestados.

Debe analizarse en qué consistió la “noble actitud” de Mariano Ignacio Prado hacia Chile. Con este fin, el lector debe remontarse a septiembre de 1865. En esa fecha Chile había declarado la guerra a España en respuesta a la exigencia de la escuadra hispana de saludar la bandera de la Madre Patria con una descarga de veintiún cañonazos en desagravio por supuestas ofensas del país del Mapocho. El problema con la citada declaración de guerra fue que las fuerzas armadas de Chile –en especial su diminuta flota naval– no estaban en capacidad de enfrentar el poderío español (Collier 1996, 11. La armada española, al mando del almirante Pareja, estaba conformada por ocho buques de guerra con un total de 245 cañones. Basadre la calificó como “la escuadra más formidable que había hendido las aguas del Pacífico americano” (1968-70, V: 324). Frente al poderío hispano, poco podía hacer la marina de guerra del país del sur. La escuadra chilena –si podía llamarse tal– estaba conformada por sólo dos naves: la corbeta Esmeralda, artillada con dieciocho cañones, y el transporte Maipu, premunido de cuatro (Burr 1965, 9.

Tras un análisis de la difícil situación, el gobierno chileno concluyó que la única manera como podría enfrentar a España con alguna esperanza de victoria sería si lograse contar con la intervención en su favor de la armada peruana, considerada en ese momento como la más poderosa de Sudamérica. Sin embargo, la inestable situación política del Perú no aseguraba su participación en defensa de Chile.

Oficialmente, gobernaba el país el general Pezet, quien enfrentaba el levantamiento del vicepresidente Diez Canseco –a quien los insurrectos consideraban presidente– secundado por Prado y Balta. Sabedor que entre los líderes rebeldes primaba la opinión de acudir en solidaridad de Chile, el gobierno de ese país envió en misión diplomática al Perú a Benjamín Vicuña Mackenna. Se le encargó hacer contacto con los rebeldes.

En su visita al campamento de los insurgentes, en Chincha Alta, Ica, Vicuña pudo constatar que el presidente Diez Canseco prefería resolver primero favorablemente el enfrentamiento político con Pezet y luego acudir en ayuda de Chile. En cambio, Mariano Ignacio Prado –que previamente había mantenido conversaciones con Domingo Santa María, embajador chileno en Lima– se mostró como el partidario más radical de la solidaridad inmediata con Chile (Basadre 1968-70, V: 289). Mariano Ignacio quedó impresionado por Vicuña Mackenna. Años después, cuando Prado residía en el país del sur, lo apoyó en las elecciones presidenciales chilenas de 1876, según propia confesión (Basadre 1968-70, VIII: 176).

Al terminar su visita, Vicuña registró como punto vulnerable de los insurrectos la precariedad de recursos que imperaba entre ellos, carencia que le sugirió posibles alternativas para influenciarlos y obtener a través de ellos el apoyo de la escuadra peruana.

La visita de Benjamín Vicuña Mackenna fue seguida de la gestión directa del propio Santa María. Éste se acercó a la base de Chincha Alta para plantear abiertamente que la escuadra peruana rebelde viajara a Chile para atacar a los barcos españoles, es decir la misma propuesta que venía siendo defendida por Prado. Rechazado nuevamente el plan por decisión del presidente Diez Canseco, Santa María concentró sus esfuerzos en lograr la adhesión de Mariano Prado, a quien endosó el apoyo político y la ayuda financiera del gobierno del Mapocho (Burr 1965, 9.

Fue así como el oro chileno colaboró para que el 6 de noviembre de 1865 las fuerzas rebeldes de Diez Canseco y Prado ingresaran a Lima y tomaran Palacio de Gobierno. Veinte días después, Prado fue proclamado Dictador del Perú.

Cuando contaba sólo ocho días en el poder, el 5 de diciembre de 1865, la dictadura de Mariano Ignacio suscribió el Tratado de Alianza Ofensiva y Defensiva con Chile. Por medio de este convenio, Chile aseguró la participación de la escuadra peruana en su defensa. Más aún, la colocó bajo su dirección efectiva, en tanto se encontrara en aguas chilenas. Cuatro naves peruanas fueron asignadas para la salvaguardia del país del sur: las fragatas Apurímac y Amazonas y las corbetas Unión y América. Las naves fueron comandadas por los marinos peruanos Sánchez Lagomarsino, Mariátegui, Miguel Grau y Manuel Ferreyros, respectivamente.

En cuanto a la responsabilidad por los gastos originados por la escuadra conformada en apoyo a Chile, el embajador Santa María redactó un primer proyecto por el cual ese país asumiría dichos egresos. Extrañamente –por razones que podrán comprenderse después– Prado no aceptó el ofrecimiento y a través de Toribio Pacheco, su ministro de Relaciones Exteriores, planteó que los gastos sean asumidos en partes iguales por los dos países. Esta posición fue recogida en el Tratado. Fue así como en términos prácticos, Perú asumió la mitad de los gastos de defensa naval de Chile. ¡En los años 1869, 1870 y 1875 Perú tuvo que pagar a Chile por ese concepto la cantidad de 1,130,000 soles! (Basadre 1968-70, V: 361). Además, en el conflicto, Perú perdió la fragata Amazonas que varó en un banco de arena cerca de la isla de Abtao.

Algunos años después, entre 1868 y 1873, Prado cobraría honorarios en Chile por sus servicios como agente del país del sur. Además del nombramiento de general de división del ejército chileno, Mariano Ignacio recibió en arriendo perpetuo, a renta rebajada, la hacienda Maquehua, dedicándose a la explotación de la mina de carbón de piedra allí existente. Inicialmente, sólo pagó cincuenta centavos por tonelada de carbón extraída. Maquehua era propiedad de Guillermo Gibson Délano, concuñado y deudor del político chileno Agustín Edwards Ossandón. Tras el fallecimiento del dueño, Mariano Ignacio compró Maquehua a los herederos de Gibson. Pagó la hacienda a un ostensible precio subvaluado. Sin duda, los favores de renta y precio conferidos a Prado por Gibson contribuyeron a amortizar la deuda que éste tenía con Agustín Edwards.

No fue de extrañar por ello que las “inversiones” de Prado en el país del Mapocho fueran exitosas. Mariano Ignacio constituyó la Sociedad de Minas de Carbón de Carampangue para explotar las minas de Maquehua y Quilachanquín y tendió el ferrocarril de trocha angosta entre Maquehua y Laraquete, extendido luego hasta Colico. También fue dueño de la Compañía de Minas de Carbón de Arauco.

Como puede apreciarse, Prado recibió recompensa por prestarse a promover los objetivos de la política exterior chilena. Su interposición con el fin de poner la escuadra peruana al servicio de Chile, en las difíciles circunstancias por las que atravesaba el país del sur, permitieron a esta ingrata nación enfrentar exitosamente a España. En tanto que el Perú perdió la fragata Amazonas en el conflicto, la nación del Mapocho recibió de la nación del Rímac la suma de 1,130,000 soles (23 millones de dólares de hoy) en concepto de contribución del Perú para defender a Chile. Los únicos desembolsos que debió efectuar el país del sur para obtener estos resultados fueron financiar la revuelta de Mariano Ignacio, en setiembre de 1865, nombrarlo general de división y entregarle una mina de carbón de piedra en la región de Arauco.